A Bustinduy se le preguntó, antes de inaugurar la Asamblea de la Plataforma de Organizaciones de Infancia en Madrid, y luego antes de comparecer ante la Comisión de Derechos Sociales del Senado, si esperaba la repercusión que tuvo la carta que envió ayer a las empresas españolas en Israel instándolas a garantizar que su actividad no está provocando directa o indirectamente una vulneración de los derechos humanos en Gaza debido a la invasión de la Franja que está llevando a cabo el ejército israelí.

Ante la acogida públicamente contraria, aunque no tanto en privado según indicaron a Servimedia fuentes de Sumar, que la misiva recibió en el PSOE, el ministro rehusó incidir en el enfrentamiento. "Yo no quiero ni tengo la voluntad de alimentar o de ampliar ninguna polémica o ninguna controversia que pueda distraer el foco de lo realmente importante", eludió.

"Creo que lo importante, y es lo que intenté con la iniciativa de ayer", puntualizó antes de la Asamblea de la Plataforma y de Organizaciones de Infancia y luego con palabras muy similares en el Senado, "es la situación insoportable que está atravesando el pueblo palestino y es la necesidad de que la comunidad internacional reaccione y que todos los actores institucionales políticos sociales económicos también hagan todo lo que esté en su mano para que podamos poner fin a este genocidio".

Al mismo tiempo, en una entrevista en Radiocable recogida por Servimedia, Santiago expresó dijo que Bustinduy tiene "muchísima razón" en su carta. Es más, dio argumentos muy concretos al reseñar que la misiva recuerda que el Código Penal español sanciona que "es un delito la violación del Derecho internacional humanitario en territorios ocupados".

"Lo que ha hecho desde mi punto de vista es recordar lo obvio, lo que dice la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, e incluso hacerles un favor a esos empresarios, a los cuales sus servicios jurídicos no les deben de estar asesorando correctamente, de la responsabilidad que tienen los miembros de los consejos de administración de empresas españolas con inversiones en los territorios ocupados, no ya de infringir el Derecho internacional humanitario, sino de infringir el Código Penal español. Es decir, que a lo mejor se encuentran con una querella aquí en España", dejó caer.