Así lo precisó su gabinete en un comunicado emitido al término del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado para abordar el anteproyecto legislativo aprobado en febrero por el Consejo de Ministros para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad.

Este anteproyecto de ley fue presentado por Pablo Bustinduy como titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y presenta modificaciones normativas que, según el propio ministro, tienen como objetivo fomentar la autonomía de las personas en situación de dependencia y de las personas con discapacidad, así como personalizar sus cuidados y garantizar la permanencia en los hogares y en recursos cercanos de base comunitaria. El ministro Bustinduy destacó que, en el ámbito de la dependencia, la reforma propone, entre otras cuestiones, el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo, lo que supone la universalización de este servicio

De esta forma, desde Derechos Sociales se quiere apostar por el consenso que existe en torno a la capacidad de la teleasistencia para prevenir la institucionalización de los cuidados y permitir que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares.

El anteproyecto de ley establece, por otro lado, el derecho de que las personas puedan decidir si desean permanecer o no en su hogar y sobre las prestaciones y servicios que reciben.

TRÁMITES

Otro de los objetivos que Derechos Sociales persigue con esta reforma es la “flexibilización y agilización” de los trámites y, para ello, el texto propone simplificar la revisión del Programa Individual de Atención y se establecen procedimientos de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad, como son los casos de enfermedades neurodegenerativas, demencias o violencia de género.

En el ámbito de la discapacidad, el anteproyecto de ley incluye simplificar los procesos, asimilando una discapacidad del 33% a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia.

Asimismo, el texto también reconoce derechos fundamentales para personas con discapacidad como la prohibición de cualquier tipo de discriminación a la hora de contratar seguros de salud y de vida.

La reforma despliega, además, una batería de medidas para asegurar la accesibilidad como un derecho universal y para promover la accesibilidad en las viviendas. Entre estas últimas se encuentra la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras destinadas a la accesibilidad se consideran obligatorias en la comunidad de vecinos.

En el Consejo Territorial, Derechos Sociales celebró el consenso que ha generado entre las comunidades autónomas este nuevo enfoque de la dependencia y la discapacidad y recordó que este responde al mando constitucional que surgió tras la reforma del Artículo 49, que fija el deber de los poderes públicos de promover políticas que aseguren la accesibilidad; y también al mandato social que hubo a raíz de la pandemia de la covid-19, a partir de la cual, recordó el ministerio, “la ciudadanía demandó más cuidados de cercanía”.

FINANCIACIÓN

El Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos también coincidieron en la necesidad de mejorar la financiación de la dependencia para ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio con el menor tiempo posible de espera.

Para ello, desde Derechos Sociales subrayaron la “urgencia” de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que incluyan las inversiones necesarias para seguir “fortaleciendo” este sistema.

De esta manera, la cartera de Bustinduy espera poder continuar el esfuerzo inversor realizado en los últimos años por el Gobierno de coalición, que ha incrementado un 150% la financiación en dependencia desde 2020 haciendo posible que en el último año, en 2024, la aportación estatal al sistema se elevara hasta la cifra récord de 3.411 millones de euros.

Esta cantidad, resaltó el ministerio, es el triple que lo que se invertía en el año 2014, cuando su aportación se limitaba a 1.130 millones de euros.

Por otro lado, también incidió en que se han transferido a los gobiernos autonómicos dos partidas adicionales procedentes de fondos europeos, concretamente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por un lado, 1.500 millones de euros que los gobiernos autonómicos deberán ejecutar en este 2025 y en 2026 para acometer obras de transformación en centros residenciales y su adaptación al nuevo modelo y que tendrá un impacto en 90.000 plazas.

Por otro lado, Derechos Sociales ha transferido 367 millones de euros para la instalación de equipamientos y tecnología que fomenten la autonomía personal, como es el caso de la teleasistencia, en todas las comunidades autónomas.

Además, durante este Consejo Territorial, Derechos Sociales ha propuesto a las comunidades autónomas que utilicen el espacio fiscal que quedará liberado con la quita del 50% de la deuda autonómica para “mejorar” la financiación del Sistema de la Dependencia.

OTROS ASUNTOS

En el transcurso del Consejo Territorial también se abordó la necesidad de “hacer frente” a otro “desafío” que, según el ministerio, presenta el Sistema de la Dependencia, como es el déficit de personas trabajadoras, una cuestión “clave” para el departamento que dirige Bustinduy, tal y como manifestó el propio ministro.

Por ello, desde Derechos Sociales se expusieron las actuaciones que se están diseñando para facilitar la incorporación de nuevas trabajadoras al Sistema de la Dependencia y se anunció que este mes activará un espacio de trabajo con los gobiernos autonómicos para trabajar conjuntamente sobre esta cuestión.

Por último, el Consejo Territorial analizó, además, la nueva asignación de fondos para los servicios sociales y la celebración del próximo Consejo Estatal del Voluntariado, que se celebrará en Navarra.