Así lo defendió durante la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta a una pregunta sobre si cree que su Ministerio está poniendo en práctica medidas de apoyo para favorecer a las familias numerosas, formulada por la senadora del PP Raquel González.

En el transcurso de su alocución, el titular de Derechos Sociales reiteró que su gabinete está “dispuesto” a incorporar “mejoras” al texto de esta norma “siempre y cuando esas propuestas vayan en la dirección de ampliar los derechos de las familias españolas” y que cuenten “con las mayorías parlamentarias suficientes para hacerlo”.

“Con todo respeto, señoría, yo le quiero devolver la pregunta y le quiero preguntar si el Partido Popular está dispuesto a reforzar la protección y a mejorar las condiciones materiales de las familias en España y, por tanto, a cooperar para la aprobación de esta ley”, abundó, para subrayar que el documento ya “incluye importantes medidas para reforzar la protección económica y social de las familias en España”.

Entre ellas, por lo que se refiere a las familias numerosas, hizo hincapié en que el proyecto de ley “asume” que la categoría especial de familia numerosa “pasará de cinco hijos a cuatro, tres en el caso de partos múltiples, de discapacidad de alguno de los ascendientes o en el caso de familias con bajos ingresos” y que también “prevé que se puedan mantener dos títulos en el caso de separación o divorcio con custodia compartida y también en el caso de familias con hijos de uniones anteriores”.

PAGARON LA FACTURA DE LA CRISIS

Asimismo, en su dúplica, Bustinduy quiso hacer “un ejercicio de memoria” y denunció que, en la década pasada, “por culpa” de un paradigma económico que tildó de “cruel, ineficaz e injusto”, las familias españolas “pagaron con su bienestar y sus derechos la factura de una crisis que no habían causado”.

“Los recortes malditos de la austeridad, que ustedes practicaron con pasión, desplomaron un 30% el gasto en protección social a las familias, nos trajeron medio millón de desahucios, un 27% de paro, recortes drásticos en educación, en sanidad, en dependencia, eso sí, mientras se le regalaban 60.000 millones al sistema financiero”, sentenció, para puntualizar que la “obligación” del Ejecutivo es “intentar hacer justo lo contrario”.

A este respecto, aseveró que su mandato es el de “mejorar la protección social de las familias en España, es ampliar los permisos por nacimiento, es remunerar los permisos por cuidados, es reducir la jornada laboral, es adoptar una prestación universal por crianza”.

“Cuando hace unos meses ustedes desde el PP votaron en contra de subir las pensiones, en contra de bajar el IVA a los alimentos, en contra de bajarle la factura de la luz a cuatro millones de personas, cuando ustedes se opusieron a la subida del salario mínimo interprofesional, confieso que yo sentí estupefacción”, admitió, para incidir en que, con la Ley de Familias, el PP “va a tener que elegir” entre ponerse “del lado del interés general y del bienestar de las familias en España” o “seguir insistiendo en hacerles la vida peor”.

LAS FAMILIAS NUMEROSAS, SOSTÉN DE LA NATALIDAD

Por su parte, la senadora ‘popular’ lamentó que la natalidad en España “está en niveles dramáticos” y que la española es, en la actualidad, “una sociedad envejecida, sin niños, con 2,6 millones más de personas mayores de 65 años que niños menores de 15”. “Globalmente tenemos los peores indicadores de natalidad y demografía de toda la Unión Europea de los 27”, agregó, convencida de que son las cerca de 800.000 familias numerosas las que están “sosteniendo la natalidad en España”.

En este contexto, quiso saber “qué medidas está poniendo en marcha" el departamento de Bustinduy para "favorecer a las familias en general y a las familias numerosas en particular que no sean cambiarles el nombre para llamarles familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza” y afeó que el Gobierno haya estado “más ocupado y fue más rápido en aprobar la Ley de Bienestar Animal que en avanzar en una Ley de Familias” que juzgó “tan necesaria”.

“Al PP le ocupan y le preocupan mucho las familias a las que ustedes no están dedicando ni el esfuerzo legislativo ni el apoyo económico que necesitan”, aseguró, para criticar la finalización, el pasado 1 de abril, de la bonificación de las cuotas de Seguridad Social a la contratación de personas trabajadoras del servicio doméstico y que el Gobierno “no ha sido capaz de dar seguridad jurídica en este tipo de contrataciones ni a los trabajadores del sector ni a las familias numerosas”.