Lo hizo en el marco de la reunión que mantuvo con la presidenta y el secretario general de la organización, Olga Ruiz y Rubén Sánchez, respectivamente, y que se centró en abordar medidas dirigidas a este fin, según precisó su gabinete en un comunicado emitido al término del encuentro.

A este respecto, el ministro quiso “poner en valor” dos medidas “significativas” referidas “específicamente” a consumo que ya ha puesto en marcha el Ejecutivo central a través del Real Decreto Ley aprobado ayer y que han entrado hoy en vigor con su publicación en el BOE.

En primer lugar, Bustinduy destacó que este Real Decreto Ley recoge que las personas afectadas por la DANA podrán ejercer el derecho de desistimiento sin necesidad de documentación desde el 29 de octubre, día de la catástrofe, hasta el próximo 31 de enero de 2025. “Durante este tiempo se amplía, por tanto, el período para que las víctimas de las riadas puedan cancelar contratos de bienes o servicios”, explicó el ministerio.

En segundo lugar, el titular de Consumo resaltó también que el Real Decreto Ley exime a las personas afectadas de cumplir los contratos que sean imposibles de ejecutar por la DANA, como contratos de transporte, por ejemplo, sin que suponga una penalización por cancelación.

UN DESASTRE NATURAL Y SOCIAL

“Un desastre natural y social como este no puede ser, en ningún caso, una excusa o una oportunidad para conseguir un beneficio económico”, declaró Bustinduy para fijar que, sobre esta premisa, la cartera que dirige está “trabajando” para que quien ha sido víctima de la DANA “no sea víctima también de posibles incrementos de precios o prácticas abusivas en una situación de tanta gravedad como la que estamos viviendo”.

Por ello, quiso explorar con los representantes de Facua vías de acción “complementarias” a las primeras iniciativas fijadas en el Real Decreto para “reforzar” la protección de las personas consumidoras en este contexto.

“Facua es una pieza fundamental del movimiento consumerista en España, con la que compartimos el planteamiento de ejercer una defensa y un control democrático de la economía y los derechos en el ámbito del consumo”, manifestó el ministro.

Asimismo, mencionó la necesidad de atender y solucionar “las desigualdades intrínsecas que atraviesan las relaciones de consumo” y de hacer esta labor de la mano de la sociedad civil organizada.

“Ante la posibilidad de que haya episodios como estos que se multiplican, tenemos que tejer una red sólida que proteja y cuide a nuestra sociedad. Creo que esa es la condición de partida para poder construir un Estado del bienestar digno de ese nombre para el siglo XXI”, apostilló Bustinduy.

En declaraciones remitidas a los medios al término del encuentro, aseveró que “toda la acción” que está llevando a cabo su ministerio “se rige con una idea, un objetivo y es que las víctimas de la catástrofe de la DANA no lo sean también de otras vulneraciones de derechos, de otras desigualdades e injusticias y no lo sean de la exclusión social”.

Por su parte, Facua solicitó más medidas que complementen las aprobadas por el Gobierno y su extensión a otros municipios gravemente afectados por la DANA.

Además, su presidenta ofreció al ministro la colaboración de la entidad para poner en marcha y difundir los mecanismos de información a las víctimas que les ayuden a conocer y ejercer los derechos reconocidos por el Real Decreto Ley.