Así lo precisó Bustinduy en el transcurso de una entrevista publicada este sábado por Infobae y recogida por Servimedia en la que aseguró que el “orden de prioridades” de su departamento “está bastante claro” y en la que se fijó como “objetivo inmediato” la retribución de los permisos parentales de cuidado.

“Tenemos dos leyes en tramitación parlamentaria que espero que en cuanto acabe el ciclo electoral podamos sacar adelante”, agregó en relación a la Ley de Familias, que consideró que “va a ser un hito en la política social de este país”, y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que, a su juicio, “también lo va a ser en la defensa de los derechos de las personas consumidoras”.

A este respecto, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se fijó como “objetivo inmediato” la retribución de los permisos parentales de cuidado, con la intención, recordó, de “retribuir cuatro semanas por cada hijo o hija menor de ocho años”.

“Queremos ampliar los permisos de nacimiento y queremos reformar el Ingreso Mínimo Vital, que es un paso fundamental para que exista una red de protección social digna de ese nombre en España”, abundó.

PRESTACIÓN UNIVERSAL POR CRIANZA

Para Bustinduy, una “acción que define” a su gabinete y que “busca” es que España disponga de una prestación universal por crianza, convencido de la necesidad de “acabar” con la “anomalía” de ser “uno de los poquísimos países en Europa que no cuenta con una prestación de este tipo”.

“Es una cuenta pendiente de la democracia con las familias españolas”, advirtió, para alertarde que, con los índices de pobreza infantil que tiene el país, resulta también “sangrante” que no se haya “hecho todavía”. “En el momento en el que lo adoptemos y veamos sus efectos, nos llevaremos las manos a la cabeza por no haberlo hecho antes”, afirmó.

En este contexto, admitió que los Presupuestos Generales del Estado son la “herramienta fundamental” para tener capacidad de “ampliar derechos sociales”, razón por la cual asumió que “fue una mala noticia no contar con presupuestos para este año”. “Sobre todo porque tenemos un programa muy ambicioso, sobre todo en la transformación del sistema de la dependencia y la autonomía personal en España”, puntualizó.

“Esto ha retrasado una parte de la acción fundamental que tenemos que llevar a cabo, pero abordamos la negociación de los Presupuestos de 2025 con una urgencia y una ambición redobladas, porque tendremos que recuperar el tiempo perdido”, aseveró.

LEY DE CONSUMO SOSTENIBLE

Preguntado por la futura Ley de Consumo Sostenible que su cartera proyecta aprobar y que tiene entre sus objetivos el de luchar contra el ‘greenwashing’, Bustinduy subrayó que España cuenta con un régimen sancionador “muy riguroso” para “perseguir prácticas comerciales consideradas desleales o abusivas” y que se puede “aplicar ya a muchos de los casos de ‘greenwashing’”.

“Lo que no tenemos a nivel jurídico, porque estamos hablando de un ámbito en desarrollo, es una definición precisa que nos permita identificar con todo el rigor qué prácticas constituyen el ‘greenwashing’”, matizó, para avanzar que la futura norma incluye un índice de reparabilidad para que los consumidores “tengan toda la información disponible a la hora de poder optar por un producto o un servicio u otro”.

Según su criterio, dicha definición resulta “clave” para poder “generar claridad”, sabedor del “problema” que supone el que, hasta ahora, “parece que, desde la perspectiva del consumo, la transición ecológica depende de una responsabilidad individual de que cada consumidor se informe, contraste y tome decisiones”. “Como si pudiéramos hacer una transición de esta envergadura basada solo en la suma de decisiones individuales. Esto no es así”, sentenció.

En este sentido, reconoció la urgencia de “transformar nuestro sistema económico”, lo cual, a su entender, “implica la pata de la producción, la pata del comercio y la pata del consumo” y defendió que esta definición permitirá también “orientar” la actividad de las empresas para que se “amolden y adapten a la evidencia científica, a la normativa europea” y que los consumidores tengan la “certeza y seguridad” de que las decisiones que toman “están basadas en información fiable”.

“Por tanto, va a ser un paso adelante, aunque no vivimos en un régimen de impunidad, porque estas prácticas se pueden perseguir y, de hecho, se persiguen y el Ministerio de Consumo está muy activo en esto”, apostilló.

En la misma línea, Bustinduy estimó que, si las compañías están “recurriendo” a estas prácticas es “porque les interesa desde el punto de vista de la construcción de marca, porque saben que hay una demanda social en ese sentido”. “Ya hay un régimen sancionador robusto, porque prevé sanciones que pueden ir, dependiendo de la gravedad, hasta un millón de euros, pero además se puede penalizar con entre cuatro y seis veces el beneficio obtenido de manera ilícita”, añadió, para indicar que se trata de multas “muy significativas”.

DEPENDENCIA

En otro orden de cosas, el responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 avanzó que “en las próximas semanas” se aprobará la nueva estrategia de cuidados e incidió en que “el futuro y la transformación” de las políticas públicas de dependencia y de apoyo a la vida independiente “tienen que ver con tres patas”.

La primera de ellas, dijo, es la financiación, en relación con la cual hizo hincapié en que, en la legislatura pasada, el Gobierno “hizo un esfuerzo histórico, aumentando un 150% la contribución de la Administración General del Estado a las políticas de dependencia”:

“Pero la pata de la financiación está ciega si no hay un modelo a seguir, y este es el segundo aspecto que es clave: el horizonte”, explicó, para insistir en que “en las próximas semanas” su ministerio tiene previsto aprobar una nueva estrategia de cuidados que “define cuál es el modelo hacia el que tenemos que ir”.

Para el ministro, dicho modelo “trasciende esa idea de que invertir en dependencia implicaba construir residencias cada vez más grandes y busca efectuar un giro de 180 grados”. “Cuando le preguntan a la gente dónde quiere envejecer, la mayoría siempre responde que en su casa, con su familia, en su barrio, manteniendo el arraigo, tener un envejecimiento activo”, señaló.

Por estas razones, reiteró que el “futuro” del modelo “pasa” por “poder generar la infraestructura de servicios públicos” que ayude a las personas a “permanecer en su casa todo el tiempo que lo deseen y mantener una vida lo más autónoma posible”.

“Esto pasa por los servicios de ayuda a domicilio, por la teleasistencia, por fomentar toda esa red sociocultural que permita que las personas se mantengan y permanezcan en su entorno”, confirmó, consciente de que “no va a ser algo que pueda suceder de la noche a la mañana”, pero “es el modelo hacia el que tenemos que tender”.