Lo hará al final de una semana en la que el Senado aprobó de manera definitiva la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución, la "primera reforma social" de la Carta Magna, en torno a la cual el ministro se ha mostrado muy involucrado y que valora como “una conquista” y una “victoria histórica” que hace de España “un país mejor, más justo, igual y abierto” e implica una “transformación del paradigma de las políticas públicas”, además de como “un acto de justicia” con la “lucha y la pelea” de quienes “llevan más de 20 años reclamando este cambio” que, a su entender, convierte a España en “referente internacional”.

En este sentido, ya durante su primera intervención tras tomar posesión de su cargo como titular de Derechos Sociales, de la que este domingo hizo dos meses, Bustinduy prometió trabajar para “profundizar, con el sector de la discapacidad”, en la “promoción integral” así como en la “plena protección de sus derechos empezando por la reforma del artículo 49 de la Constitución”.

Entre los “grandes hitos” que afrontará a lo largo de esta legislatura al frente de su Ministerio, ha expresado también su “voluntad” de establecer la regulación del etiquetado accesible, sacar adelante el desarrollo reglamentario de la Ley de Accesibilidad Cognitiva y articular un plan “específico” para “promover” los derechos de mujeres y niñas con discapacidad, además de realizar una macroencuesta sobre violencia contra ellas que permita "poner en marcha políticas públicas que tomen en consideración riesgos concretos y factores de vulnerabilidad” para este colectivo.

La “labor fundamental” de su departamento en los próximos cuatro años será “contribuir” a que los derechos sociales “no se conciban como herramienta de asistencia puntual o instrumento para mitigar un daño” sino como “el pilar sobre el que se construye una sociedad democrática, digna y mejor” y su “extensa, firme, profunda y ambiciosa” agenda estará centrada en “ahondar” en la “protección” de familias, padres, personas con discapacidad y consumidores “con la mirada puesta también fuera de España”.

En ella tiene marcadas, entre otras tareas, la reforma de la Ley de Dependencia o la tramitación de la Ley de Garantía de los Servicios Sociales, la Ley de Familias y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

DEPENDENCIA

Con relación al sistema de dependencia, Bustinduy ha anunciado una “revolución” a través de la Estrategia de Desinstitucionalización y la modificación de la Ley de Dependencia para “avanzar” hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración con enfoque comunitario y basado en el principio de autonomía y en la plena libertad de las personas.

En este contexto, pese al “hito” que, según su punto de vista, supuso para la política social en España la aprobación de la Ley de Dependencia, en estos meses manifestó también su “compromiso” de “no sólo mantener, sino aumentar” la aportación por parte de la Administración General del Estado a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hasta que represente el 50% del total, una cifra “récord” que, según el titular de Derechos Sociales, permitirá “asentar” ese “nuevo modelo de cuidados”.

LEY DE SERVICIOS SOCIALES

Por lo que se refiere a la “primera ley estatal de servicios sociales”, que pretende aprobar “cuanto antes” en “colaboración” con las comunidades autónomas, Bustinduy ha puntualizado que su fin es “asegurar la igualdad efectiva” en el acceso a un servicio público que juzga “fundamental”.

En varias ocasiones ha admitido, además, que es una de sus “grandísimas prioridades”, convencido de la necesidad de auspiciar “un marco de coordinación y cooperación entre todos los servicios sociales" de cada comunidad autónoma con el objetivo de "poder garantizar la universalidad de los derechos” así como su “portabilidad”.

En este punto, ha confirmado que, entre otras cuestiones, dicha ley “va a hacer algo tan importante como declarar los servicios sociales como servicios públicos esenciales”, lo que, según su criterio, los “va a situar en el lugar prioritario que les corresponde dentro de nuestro ordenamiento”.

LEY DE FAMILIAS

Asimismo, el responsable de Derechos Sociales concibe como “una altísima prioridad” de su cartera la Ley de Familias, que llevará al Consejo de Ministros “en las próximas semanas” para “aprobarla con celeridad y cuanto antes”.

La norma ayudará, según Bustinduy, a “saldar una deuda histórica” como es la “infrafinanciación” de la “protección familiar”, al tiempo que “reconocerá jurídicamente todos los tipos de familia” y les permitirá “ganar derechos”, además de suponer “un paso decisivo para el derecho a la conciliación”.

A este respecto, el Gobierno pondrá en marcha en 2024 medidas “fundamentales”, a su juicio, como la “extensión” de los permisos de nacimiento hasta las 20 semanas o la retribución de los permisos parentales, que garantizarán a padres y a madres el derecho a tener ocho semanas de permiso por hijo durante sus primeros ocho años de vida.

MÁS DERECHOS SOCIALES

En el ámbito de los derechos sociales, en los próximos cuatro años su gabinete tiene previsto, asimismo, “trabajar" para "mejorar el diseño y eficacia” del Ingreso Mínimo Vital, que desea “reformar en profundidad”, así como en el “avance” hacia la “universalización” de la protección social de la crianza, en la “ampliación” del bono social eléctrico y en una “protección reforzada” frente a desahucios y lanzamientos, además de en el “refuerzo” de los servicios sociales como “espacios de detección precoz” de la violencia de género o en el desarrollo de una estrategia nacional para la soledad no deseada.

Junto a ello, en los primeros compases de la legislatura, Bustinduy también ha ofrecido al Tercer Sector una “alianza” y su “colaboración estrecha” para “fortalecer” las políticas sociales y de lucha contra la pobreza y la exclusión social, con la “culminación”, entre otros, de los desarrollos reglamentarios de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y de la Ley del Voluntariado.

CONSUMO

Por otro lado, en el área del consumo destaca su intención de dar luz verde este año a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, norma que estima “fundamental”, cuya tramitación arrancará “en los próximos días” y que establecerá un plazo de espera máximo de 15 días para que las empresas respondan a las reclamaciones de los consumidores y de tres minutos en las consultas telefónicas, además de obligar a las compañías a que sea una persona y no una máquina quien atienda las consultas si así lo solicitan los clientes.

Por último, el ministro también aspira a proporcionar una “mayor protección” a los consumidores “vulnerables”, uno de los “objetivos principales” de su trabajo al frente de esta cartera, así como a continuar ampliando la capacidad de inspección y la competencia sancionadora por parte de la Secretaría General de Consumo y Juego.