Así lo defendió en el transcurso de una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia y en la que advirtió de que, “en mitad de todo el ruido y las crisis superpuestas”, él se está “dedicando a lo importante”, como es el hecho de “acompañar” a las familias españolas “frente a las dificultades económicas y de conciliación que enfrentan en el día a día”, convencido de que el “propósito” de esta ley es “precisamente ese”.

Por lo que respecta a las familias numerosas, recordó que la exigencia para acceder a la categoría especial pasa de tener cinco a cuatro hijos y a tres hijos en el caso de parto múltiple o de familias “que no tengan rentas suficientes”.

Junto a ello, hizo hincapié en que en el caso de familias que estén separadas o divorciadas “podrán mantenerse dos títulos de familia numerosa”, cuando “hasta ahora solo se podía uno”. “Y esto también sucederá en los casos, por ejemplo, de unidades familiares en los que hay hijos de uniones anteriores, que también podrán optar a ese título”, agregó, para reiterar que, por todo ello, estos supuestos familiares “ganan en derechos”.

FAMILIAS MONOPARENTALES

En paralelo, subrayó que la ley “equipara” a las familias monoparentales con dos hijos “a la condición de familias numerosas” e indicó que se trata de “una demanda histórica” teniendo en cuenta que “enfrentan especiales necesidades”.

“El 80% de estas familias tienen al frente una mujer y tienen enormes dificultades económicas y de conciliación en la vida cotidiana”, señaló, al tiempo que afirmó que, “por primera vez”, se les va a otorgar “un título propio" además de “consideración prioritaria” en el acceso a la vivienda, centros educativos o becas.

Por todo ello, consideró que la ley “colma ese déficit, por fin, responde a esa demanda y amplía y fortalece la protección, en realidad, de todas las familias, de los derechos de todas las familias en España”. “Creo que es una buenísima noticia que se apruebe este proyecto de ley y espero que seamos capaces de suscitar el consenso lo más amplio posible en torno a estas medidas”, sentenció.

En este punto, admitió que “no entendería” que “ninguna fuerza política” se “opusiera” a una ley que, a su juicio, “se va a traducir en mejoras tangibles, concretas, de la vida cotidiana de millones de familias en España”.

CIFRAS INACEPTABLES EN UNA DEMOCRACIA AVANZADA

En este contexto, el titular de Derechos Sociales juzgó “inaceptables” las cifras de pobreza infantil y las “dificultades” económicas y de conciliación “a la hora de formar familias” en el seno de "una democracia como la nuestra, en la cuarta economía de la zona euro, en una democracia que se considera avanzada”.

“Tenemos un déficit de financiación de las políticas sociales de protección a la familia de alrededor de un punto del PIB respecto a otros países europeos”, puntualizó, para, a continuación, insistir en la necesidad de “poner más recursos, generar mayores posibilidades de conciliación, de corresponsabilidad también en el cuidado de los hijos y las hijas”.

En esta línea, también se refirió a una medida “muy importante” que esta ley contempla, la “formalización” de una renta de ayuda a la crianza entre los cero y los tres años de 100 euros al mes que, aseveró, “ya es casi universal en la práctica”.

“Nuestro objetivo es, y lo vamos a negociar en los Presupuestos Generales del Estado, intentar extenderla hasta los seis años”, incidió, al tiempo que reivindicó que en España “debería haber una prestación universal por crianza hasta los 18 años, como hay en otros muchos países” porque, según su punto de vista, “está demostrado que sirve para paliar la pobreza infantil y para poder conciliar mejor”.

Asimismo, también estimó “clave” la ampliación de los permisos por nacimiento hasta las 20 semanas, que también forma parte de la negociación en torno a los Presupuestos Generales del Estado, y se mostró convencido de que la ampliación hasta las 16 “ha sido un éxito”.

“Creo que las familias españolas, hoy en día, no concebirían una realidad en la que se recortaran estos permisos y tenemos que ampliarlos aún más”, abundó, consciente de la necesidad de articular “toda una serie de medidas, recursos, ayudas económicas, permisos de conciliación, de facilitación de la corresponsabilidad” con el fin de que formar una familia “no dependa de la renta, del patrimonio o de si una familia es más rica o menos o hereda o no”.

Según su criterio, se trata, en definitiva, de “una cuestión de igualdad, de justicia y de libertad, de tener la libertad de poder desarrollar nuestros proyectos de vida”.