Así lo defendió en el acto ‘Por una prestación universal de crianza’, celebrado en el Centre Civic Joan Oliver de Barcelona, en el que resaltó la necesidad de que España adopte una prestación universal por crianza para reducir las altas tasas de pobreza infantil que tiene y que juzgó “inaceptables”.

“La crianza tiene que dejar de ser una carrera de obstáculos y resulta una anomalía que España no disponga de una política pública en este ámbito que esté al nivel de los países de nuestro entorno”, advirtió.

Por esta razón, el ministro celebró que esta medida forme parte de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, que, a su entender, “deben suponer una herramienta esencial para avanzar en la agenda social que nuestro país exige”, al tiempo que marcó como “prioridad” también la necesidad de “reforzar” el derecho a la conciliación.

En esta línea, Bustinduy señaló que esta prestación no debe concebirse como una ayuda, sino como un derecho de ciudadanía, motivo por el cual estimó “importante que sea universal”, convencido de que, “además, de esta manera, llega automáticamente a quienes más lo necesitan”.

CONCILIACIÓN

A este respecto, afirmó que las medidas para la conciliación familiar deben ser un “pilar” del Estado de bienestar. “Igual que nadie cuestiona que la sanidad, la educación o las pensiones sean universales, el apoyo a la crianza también tiene que serlo, y en ello vamos a poner todo nuestro empeño”, añadió, recordando que las políticas de protección social a las familias en España “arrastran una infrafinanciación histórica por los recortes de la pasada década”.

Junto a ello, el ministro incidió en la importancia de que España cuente con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en 2025 para abordar “los retos que tenemos como país”, entre los que destacó las dificultades que hay para formar una familia como “uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo”.

Por ello, urgió a “empujar y concitar consensos amplios para que se aprueben esos presupuestos y para que sean ambiciosos”.

En este contexto, Bustinduy indicó que España destina solo un 1,5% del PIB para medidas de protección a la familia y la infancia, un porcentaje mucho menor que el gasto promedio de la Unión Europea en este ámbito, que es del 2,4%, y recalcó que hay países como Alemania, Austria, Holanda, Irlanda, Suecia y Polonia que apuestan por prestaciones universales en los que se ha “demostrado” la “eficacia” de esta medida para reducir la pobreza.

“La universalidad tiene menos cargas burocráticas y debe ir acompañada de una reforma fiscal progresiva”, sentenció durante este acto celebrado en Barcelona, en el que también intervinieron la presidenta de la Comisión de Control Económico y Financiero de Esquerra Verda, Laia Ortiz; el profesor titular de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, José Antonio Noguera; y la presidenta de la Fundació Idea, Loli Rodríguez.

En declaraciones a los medios de comunicación previas a su participación en dicho acto, reiteró que resulta “algo sencillamente inasumible, inaceptable” el hecho de que la cuarta economía de la zona euro “tolere, conviva con índices de pobreza y de exclusión social como los que presenta este país”.

“Es intolerable que casi un tercio de los niños, niñas y adolescentes que viven en la cuarta economía de la zona euro vivan en riesgo de exclusión social o de pobreza”, abundó, para alertar, además, de que se trata del “principal problema político que tiene este país”.

“Sabemos lo que hay que hacer para atajarlo, porque lo han hecho muchos otros países antes que España: una prestación universal por crianza, 200 euros por hijo o hija a cargo al mes”, apostilló, convencido de que “funcionaría porque hasta 17 países de nuestro entorno disponen de una prestación de estas características”.

En paralelo, reivindicó que, con la aprobación de la reforma fiscal la semana pasada, “se ha abierto el camino hacia el planteamiento de unos Presupuestos Generales del Estado que sean ambiciosos”. “Y creo que, frente al clima de intoxicación informativa y a la desafección ciudadana, la mejor respuesta, la mejor manera de defender la democracia, es ampliar el Estado del bienestar, es ampliar el Estado social, es enviar el mensaje de que se puede, por ejemplo, intervenir el mercado de la vivienda o de que se puede atajar el problema estructural de la pobreza infantil”, resolvió.

REUNIÓN CON LA GENERALITAT

Por otro lado, antes de este acto, el ministro se reunió con la consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez, un primer encuentro entre ambos en el que pudieron poner en común “retos y oportunidades” en el ámbito social, además de compartir “respuestas a las necesidades sociales actuales”, según precisó su gabinete.

Durante la reunión, tanto el ministro como la consejera abordaron cuestiones como la atención e inclusión de las personas con discapacidad, la desinstitucionalización de los cuidados en favor de la asistencia en domicilios y en entornos comunitarios, o la mejora de las prestaciones para familias vulnerables.