Según informó Bruselas, dicha reforma tendrá que ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su entrada en vigor.

La propuesta prevé la revisión de varios actos legislativos de la UE, en particular el Reglamento sobre la electricidad, la Directiva sobre la electricidad y el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (Remit).

En ella se introducen medidas que incentivan los contratos a largo plazo con producción de energía no fósil y se aportan al sistema más soluciones limpias y flexibles para competir con el gas, como la respuesta de la demanda y el almacenamiento.

La Comisión asegura que esto reducirá el impacto de los combustibles fósiles en las facturas de electricidad de los consumidores y garantizará que en ellas se refleje un menor coste de las energías renovables. Además asegura que la reforma propuesta impulsará la competencia abierta y leal en los mercados mayoristas europeos de la energía mediante el aumento de la transparencia y la integridad del mercado.

La propuesta contempla ofrecer a los consumidores una amplia gama de contratos y una información más clara antes de firmarlos, para que tengan la opción de fijar precios seguros y a largo plazo, y eviten así los riesgos excesivos y la volatilidad.

Al mismo tiempo, podrán seguir optando a contratos con fijación dinámica de precios para aprovechar la variabilidad de los precios y utilizar la electricidad cuando esta sea más barata (por ejemplo, para cargar coches eléctricos o utilizar bombas de calor).

Junto a la ampliación de las posibilidades de elección de los consumidores, la reforma pretende, además, fomentar la estabilidad de los precios al reducir el riesgo de fracaso de los proveedores. La propuesta exige a los proveedores que gestionen sus riesgos de precios al menos en la medida de los volúmenes objeto de contratos fijos, con el fin de estar menos expuestos a las subidas drásticas de precios y a la volatilidad del mercado.

Por otra parte, se obliga a los Estados miembros a establecer proveedores de último recurso para que ningún consumidor se quede sin electricidad.

También se refuerza significativamente la protección de los consumidores vulnerables. En el marco de la reforma propuesta, los Estados miembros protegerán de la desconexión a los consumidores vulnerables con pagos atrasados. Asimismo, en caso de crisis, se permite a los Estados miembros hacer extensivos los precios al por menor regulados a los hogares y las pymes.

Por otro lado, los consumidores podrán invertir en parques eólicos o solares y vender el exceso de electricidad solar de sus tejados a sus vecinos, y no solo a su proveedor.

Para mejorar la flexibilidad del sistema energético, los Estados miembros deberán ahora evaluar sus necesidades, establecer objetivos para aumentar la flexibilidad de las energías no fósiles y tener la posibilidad de introducir nuevos sistemas de apoyo, especialmente para la respuesta de la demanda y el almacenamiento. La reforma también permite a los gestores de redes obtener una reducción de la demanda en horas punta.

Asimismo, para mejorar la competitividad de la industria de la UE y reducir su exposición a la volatilidad de los precios, la Comisión propone facilitar el despliegue de contratos a largo plazo más estables, como los contratos de compraventa de energía (CCE), a través de los cuales las empresas establecen sus propios suministros directos de energía y, de este modo, pueden beneficiarse de precios más estables de la producción de energía renovable y no fósil.

Para hacer frente a los obstáculos actuales, como los riesgos de crédito de los compradores, la reforma obliga a los Estados miembros a garantizar, para los CEE, la disponibilidad de garantías basadas en el mercado.

Con el fin de proporcionar a los productores de energía unos ingresos estables y proteger a la industria de la volatilidad de los precios, todo el apoyo público a nuevas inversiones en generación inframarginal y sostenida de electricidad renovable y no fósil tendrá que adoptar la forma de contratos bidireccionales por diferencias, mientras que los Estados miembros estarán obligados a canalizar los ingresos excedentarios hacia los consumidores.

Además, la reforma impulsará la liquidez de los mercados para los «contratos a plazo», que son contratos a largo plazo que fijan los precios para el futuro. Esto permitirá que la protección contra unos precios excesivamente volátiles se haga extensiva a un mayor número de proveedores y consumidores, y durante períodos de tiempo más largos.

También habrá nuevas obligaciones para facilitar la integración de las energías renovables en el sistema y mejorar la previsibilidad de la generación. Entre estas figuran las obligaciones de transparencia para los gestores de redes en lo que respecta a la congestión de la red y que los plazos comerciales sean más cercanos al tiempo real.

Por último, para garantizar unos mercados competitivos y una fijación de precios transparente, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y los reguladores nacionales tendrán una mayor capacidad para supervisar la integridad y la transparencia del mercado de la energía.