La CE considera que esta legislación, así como otra de Francia, que discrimina a las inversiones y contratos de no residentes, es contraria a los principios de libre prestación de servicios y libre circulación de capitales.

Las acciones de las sociedades no establecidas en España goan de un régimen fiscal menos favorable que las acciones de las sociedades españolas, según Bruselas.

Por una parte, las plusvalías de las acciones de las sociedades que cotizan en las bolsas españolas disfrutan de un coeficiente de reducción fiscal del 25 por ciento, mientras que este coeficiente sólo es del 14,28% para las acciones de las sociedades que cotizan en las bolsas europeas.

Y por otra, para beneficiarse de la reducción fiscal, las acciones no españolas deben haber sido detentadas durnte un periodo mínimo de 8 años, mientras que para las acciones españolas el periodo sólo es de 5 años.

La CE considera que la legislación española disuade a los inversores de invertir en acciones de sociedades no españolas y, por otra, que éstas últimas pueden tener más dificultades que las sociedades nacionales para obtener capitales en el mercado español.

Bruselas invitará al Gobierno español a modificar las disposiciones fiscales en un plazo de dos meses a partir de la recepción del dictamen otivado; en caso contrario, la Comisión podrá recurrir al Tribunal de Justicia.