Paralelamente, la Comisión se compromete a acelerar el pago de los bienes y los servicios para lograr plenamente los objetivos en materia de pago de facturas, en algunos casos aplicando incluso plazos más cortos que el actual plazo legal, según informó hoy el ejecutivo comunitario.

Según el vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de Empresa e Industria, Günter Verheugen, "no debemos seguir tolerando la morosidad de las administraciones públicas. La propuesta de hoy supone una importante contribución para superar la crisis económica, ayudando a evitar nuevas quiebras y favoreciendo la tesorería de las empresas europeas para reforzar su competitividad a largo plazo".

Los cambios propuestos reflejan la importancia de pagar a tiempo a las empresas, especialmente a las pymes. "Por norma general, los poderes públicos deberían pagar en un plazo de 30 días o abonar intereses, una compensación por los costes de cobro y una compensación a tanto alzado equivalente al 5% de la cantidad adeudada, aplicada desde el primer día de retraso. En los casos debidamente justificados, pueden alargarse los plazos de pago", explicó Verheugen.

De este modo, la Comisión propone que se respete la libertad de contrato en las relaciones entre empresas, pero, en caso de morosidad, "éstas podrán reclamar intereses de demora y una compensación por los costes de cobro". Además, "se endurecerán las normas sobre los contratos manifiestamente abusivos".