A Bruselas se le "plantean dudas fundadas sobre su compatibilidad con la legislación comunitaria". La Comisión se refiere en especial a las nuevas condiciones impuestas por el Ministerio de Industria mediante una decisión del pasado 3 de noviembre, adoptada en el marco de un recurso administrativo contra una decisión previa de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre la transacción propuesta.

España tiene de plazo hasta el 13 de diciembre para presentar sus observaciones con respecto a la evaluación preliminar de la Comisión.

Tras una evaluación preliminar, la Comisión considera que estas nuevas condiciones infringen las normas del Tratado CE en lo relativo a la libre circulación de capitales (artículo 56) y la libertad de establecimiento (artículo 43). Algunas de estas condiciones también infringen las normas sobre libre circulación de mercancías (artículos 28 y 29).

De este modo, la Comisión confirma la decisión que tomó el pasado 26 de septiembre, en la que se pronunciaba contra la decisión de la CNE del 27 de julio en la que se sometía a varias condiciones la oferta de E.ON porque infringía el artículo 21 del Reglamento sobre concentraciones de la UE.

Ahora, la Comisión reitera que su dictamen sobre la CNE "sigue siendo válido porque la decisión del Ministerio de Industria español no ha modificado (o sólo ha modificado ligeramente) la decisión de la CNE. En el marco de un procedimiento de infracción en curso, de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE, la Comisión está evaluando si las autoridades españolas han acatado su decisión de 26 de septiembre de 2006".

En la evaluación preliminar remitida hoy a las autoridades españolas, la Comisión solamente ha examinado la compatibilidad con el artículo 21 del Reglamento sobre concentraciones de las condiciones diferentes o adicionales impuestas por la decisión de Industria del 3 de noviembre pasado.

Si se confirmara la evaluación preliminar de la Comisión, ésta podría instar a España a derogar las condiciones impuestas por la decisión del Ministerio de Industria, por su incompatibilidad con la legislación comunitaria.