Según informó hoy una fuente de la Comisión a Servimedia, el ejecutivo comunitario ha solicitado formalmente a España que explique por qué no ha suprimido las condiciones impuestas a las compañías opantes a pesar de que, el pasado diciembre, Bruselas declaró que estas condiciones eran contrarias al derecho comunitario.

La decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2007 exigía a España que retirara como muy tarde el 10 de enero de 2008 las condiciones impuestas por la decisión de la CNE.

Hasta la fecha, las autoridades españolas no han informado a la Comisión de ningún paso o medida adoptada para cumplir lo dispuesto en dicha decisión, de ahí que el Ejecutivo comunitario haya movido ficha.

La solicitud de la Comisión a España se plasma en una "carta de emplazamiento", que es el primer paso del procedimiento de infracción. Si no recibe una respuesta satisfactoria en el plazo de 15 días laborables, la Comisión enviará a España una solicitud formal para que cumpla su decisión.

Esta solicitud se efectuaría mediante un "dictamen motivado", que constituye la segunda etapa del procedimiento de infracción.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se mantiene firme en su postura de no retirar las condiciones impuestas a Enel y Acciona en el marco de la opa sobre Endesa, porque entiende que se ajustan a derecho.

Según afirmó recientemente el secretario general de Energía, Ignasi Nieto, "nosotros entendemos que hay algunos aspectos de la seguridad de suministro que en España tenemos articulados de una manera compatible con el derecho comunitario y la Comisión piensa lo contrario".

Añadió que, cuando ocurren estas cosas "lo mejor es que un juez decida", y puntualizó que la Comisión ha perdido en el Tribunal de Luxemburgo en casos parecidos a éste. Asimismo, recordó que muchos otros países abren cada año conflictos con Bruselas. "No pasa nada", remachó.