España prevé la posibilidad de otorgar concesiones para construir locales permanentes (como restaurantes o piscifactorías) en el dominio público costero, simplemente previa solicitud, seguida de un periodo de información pública de 20 días.

En cambio, la Directiva de Servicios establece una obligación explícita de utilizar un procedimiento de selección imparcial y transparente.

La Comisión considera también que la ampliación de la duración de estas concesiones con arreglo al Derecho español, que en algunos casos son de hasta 75 años, vulnera la misma disposición, ya que supone un derecho preferente a favor de los operadores históricos.

Además, en la medida en que obstaculizan el acceso a dichas concesiones por parte de operadores de otros Estados miembro, las normas nacionales restringen indebidamente la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Por ello, la Comisión decidió emitir un dictamen motivado a España, que dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. En caso contrario, el Ejecutivo comunitario podría optar por llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.