La medida, que será cofinanciada con fondos de la UE, mejorará la disponibilidad del acceso a servicios de comunicación de alta velocidad para ciudadanos y empresas en regiones deficitarias en esta materia de España.

La Comisión considera que "no es probable que las subvenciones generen una distorsión indebida de la competencia en el mercado único" y que, por ello, es compatible con las normas sobre ayuda estatal del Tratado de la Comisión Europea, ya que se conceden sólo en la medida necesaria para permitir el desarrollo del uso de servicios de banda ancha en zonas geográficamente desfavorecidas.

En el marco del "Programa de Extensión de la Banda Ancha en Zonas Rurales y Aisladas", las autoridades españolas destinan un total de 26,4 millones de euros en subvenciones a fondo perdido y 111,9 millones en préstamos sin interés durante el período 2005-2008.

Con arreglo al programa, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas pueden presentar propuestas para hacer llegar la banda ancha a zonas específicas donde tales servicios no están actualmente disponibles.

COMPETENCIA GARANTIZADA

Las autoridades españolas han incorporado varias salvaguardas para garantizar que los importes de las ayudas concedidos constituyan el mínimo necesario y no distorsionen la competencia de forma contraria al interés común.

Por ejemplo, el sistema no favorece una tecnología específica, establece la selección de los proyectos mediante concurso y facilita el acceso a proveedores terceros.

La iniciativa aspira a corregir la "brecha digital" que se produce entre comunidades y empresas que pueden tener un acceso asequible a servicios de banda ancha y las que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de infraestructuras y productos.