Según informó hoy la CE, en marzo del año pasado Bruselas abrió una investigación para comprobar la compatibilidad del proyecto con las normas comunitarias sobre ayudas estatales a la investigación y el desarrollo (I+D), ya que "albergaba dudas" sobre el efecto de incentivo de las mismas y sobre la admisibilidad de determinadas actividades de certificación y mantenimiento como proyectos de I+D.

La invesigación permitió a las autoridades españolas presentar sus observaciones sobre las dudas expuestas por la Comisión y tras analizar toda la información proporcionada "llegó a la conclusión que el efecto de incentivo de la ayuda existía realmente", "sin disipar las dudas" en cuanto a la excesiva proximidad con el mercado de las actividades de certificación y de mantenimiento.

La Comisión concluyó que el proyecto de ayuda puede autorizarse con la condición de que el coste de dichas actividades sea restad de los costes elegibles y que la subvención bruta de la ayuda del Gobierno vasco no supere el 30% de los mismos, lo que equivale a 27,77 millones de euros.