La directiva exige responsabilidad a los operadores en los casos de daño ambiental o amenaza inminente de daño a espcies y hábitats naturales protegidos, a las aguas o al suelo, si afecta a la salud humana, causados por las actividades profesionales de riesgo; y por actividades distintas a éstas, en caso de daño o amenaza inminente de daño a especies y hábitats naturales protegidos, cuando haya culpa o negligencia por parte del operador.

Además, la normativa reconoce a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la protección del medio ambiente la capacidad de informar a la Administración de los casos de año ambiental, solicitar que actúe en consecuencia, presentar recursos ante un tribunal o cualquier otro órgano público en los casos de daño o amenaza de daño, y participar en la determinación de las medidas reparadoras.