Esta citación estaba prevista para el pasado 9 de enero, pero la juez Palacios suspendió la comparecencia dado que aún no había llegado al juzgado toda la documentación qe se había solicitado en su día al banco.

Botín y Amusátegui deberán declarar en relación a la querella presentada contra ellos por pactar presuntamente una elevada gratificación con el fin de compensar a Amusátegui por su salida de la dirección del banco.

La querella fue admitida a trámite el pasado 5 de noviembre por Teresa Palacios, quien apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 milones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría contra los intereses de los accionistas.

La querella, presentada por el accionista Juan Francisco Franco Otegui, se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa".