Borrell, según informaron a Servimedia fuentes de Seopan al término de la entrevista, celebrada esta mañana, insistió en que dará prioridad al pago de las expropiaciones atrasadas y a la liquidación de la deuda con las constructoras, con preferencia al inicio de nuevas obras. El presidente de Seopan y los representantes de las empresas salieron del encuentro con una impresión "pesimista" y el convencimiento de que en 1992 se cumplirán sus previsiones de un crecimiento negativo del sector de entre un 2 y un 3 por ciento.

Ese sería el primer ejercicio con crecimiento negativo desde 1984, año a partir del cual la construcción remonto su crisis y se convirtió en uno de los motores del despegue económico de la segunda mitad de los ochenta.

Los empresarios de la constrcción no concretaron la cuantía del crédito extraordinario que consideran necesario para mantener la inversión pública en infraestructuras, pero podría situarse en torno a los 200.000 millones de pesetas, según las estimaciones del sector.

Ese crédito serviría para elevar el ritmo de la licitación oficial, que representa una gran parte de la cartera de pedidos de las empresas del sector, en la que están ocupados 1.275.000 trabajadores. La licitación oficial cayó un 15,2 por cien entre enero y julio de1991, y ascendió a 920.075 millones.

Además, los empresarios de la construcción defendieron ante el ministro la fijación de un marco plurianual estable para la inversión en infraestructuras, a fin de evitar retrasos en la ejecución que, además de comprometer la competitividad de la economía, encarecen el precio de las obras.

RECESION

Por otra parte, Seopan estima que la previsible recesión en el sector de la construcción afectará muy negativamente en el conjunto de la economía, ya que la formacón bruta de capital fijo de sus empresas representa el 62 por ciento del total.

A su juicio, la inversión en infraestructuras debería absorber el 5 por ciento del PIB en los próximos años, ya que sólo la terminación del Primer Plan de Carreteras exige medio billón de pesetas en los próximos tres años.

En relación a las deudas de la Administración con las constructoras por obras ya ejecutadas y todavía no pagadas, la última estimación de Seopan cifraba su importe en torno a 650.000 millones de pestas.

Se trata de deudas acumuladas como consecuencia de las trabas burocráticas causadas por la Ley de Contratos del Estado, el retraso en los pagos de la Dirección General del Tesoro y el exceso de licitación de obra pública en relación a los presupuestos con que contaba para financiarla.