Borrell reconoció que la ley ha sido vulnerada en el precepto que prohibe que el propietario de una cadena de televisión tenga más el 25 por cien del capital.

Añadió que la obligación de la Administración es "vigilar" para que esa vulneración no se produzca, por la interposición de testaferros o cualquier otra vía, y que "cuando eso ocurra y se detecte, sancionarlo".

El ministro recordó que el objeto de impedir que una persona o empresa controle una televisión privada es por el negativo efecto que eso podría tener sobre el sistema política.

Por otra parte, Borrell señaló también que ha descartado la posibilidad de ponerpeajes en las autovías, y rechazó la liberalización a ultranza del uso del suelo.