Borrell reconoció que ha existido "corrupción y corruptelas" de aquellos "que se presentaban como servidores públicos y sólo servían a su propia codicia y, dentro del sector privado, de los que preferían ls ganancias especulativas a la honesta dedicación a sus empresas".

El ministro dijo que su departamento está "empeñado" en la erradicación de estas prácticas y en la búsqueda de mecanismos que permitan mayor transparencia en la adjudicación de obras públicas, por lo que pidió la colaboración de los constructores presentes en un acto sobre el sector de la construcción, organizado por el diario "Cinco Días".

Borrell, que se refirió también a la actividad de su ministerio en los temas inmobiliarios,defendió como "muy satisfactorio" el primer plan de viviendas 1992-95 y dijo que el segundo adoptará medidas para promover el alquiler de viviendas.

En este sentido, manifestó que, a su juicio, es necesario dotar con mayores ayudas fiscales el alquiler, en detrimento de la compra de viviendas, pero dejó claro que esto no significa que la posible reducción de desgravaciones por compra se aplique con efecto retroactivo a los que han comprado ya su vivienda. En cualquier caso, dijo, la decisión es del Miisterio de Hacienda.

Borrell se mostró muy crítico con la comisión parlamentaria que tiene que realizar el dictamen sobre el Plan Director de Infraestructuras realizado por su departamento, y recordó que hace un año que fue entregado.

"Me temo que ante las dificultades para escoger entre diferentes opciones, este intento de planificación puede verse relegado por temas de mayor importancia inmediata", se quejó.

También solicitó en este sentido a la comisión parlamentaria que tenga en cuenta ls recursos existentes, que son los decididos cada año por el crédito a infraestructuras del Ministerio de Economía y que no se deje llevar por intereses localistas. "No podemos convertir las decisiones del Parlamento en papel mojado", dijo.

En cuanto a la situación actual, Borrell aseguró que en el próximo año continuará la inversión pública, pero con el objetivo final de reducir el déficit público. Informó que en 1994 la inversión en infraestructuras supondrá el 4,4 por ciento del PIB y reconoció queen 1995 tampoco se llegará al 5 por ciento previsto como marco teórico, si bien consideró esta cantidad como suficiente para el mantenimiento de la actividad constructora y el desarrollo del país.

Por último, también dijo que se están estudiando las conclusiones de la comisión de expertos sobre el suelo y salió al paso, sin nombrarlo, de las posiciones liberalizadoras sostenidas en esta materia por el ex ministro de Economía, Carlos Solchaga.