Borrell, que hizo estas declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, informó que el ministerio ya dispone de los datos de la encuesta encargada al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobr los efectos que tendría en la sociedad el último borrador del anteproyecto de reforma de la LAU elaborado por el Gobierno.

No obstante, no pudo anticipar las opiniones de los españoles sobre esta reforma, ya que dijo que acababa de recibir los resultados de la encuesta y "todavía no los conozco personalmente".

El ministro no concretó cuando aprobará el Gobierno la nueva ley y se limitó a decir que actualmente se está discutiendo en la Comisión de Subsecretarios, a la espera de los resultados de a encuesta encargada al CIS, para enviarla al Consejo de Ministros.

La nueva LAU afecta al régimen general de los arrendamientos y a los arrendamientos de prórroga forzosa, siendo estos últimos los que más preocupan al Gobierno por el impacto social que puede tener una reforma en este sector.

El anteproyecto de reforma de la LAU establece una duración mínima de los contratos de alquiler de cuatro años y una revisión del precio de los alquileres igual al IPC de cada año. En el caso de los arrendamentos sometidos a prórroga forzosa, ésta se mantendrá a favor del titular hasta su fallecimiento y sólo se admite la subrogación del contrato a los hijos hasta que cumplan los 25 años.

Borrell señaló que esta ley es "extraordinariamente prudente", por lo que "las alarmas no tienen ningún fundamento". Aseguró que la nueva normativa "no cuestiona la permanencia en su domicilio de ninguno de los titulares de un arrendamiento sometido a prórroga forzosa, ni en su vida ni en la de sus descendientes inmediaos".

El responsable de Obras Públicas y Transportes insistió en que el mercado de alquileres necesita una reforma legislativa, al tiempo que aseguró que la nueva ley no provocará ningún problema social ni de indefensión.

Explicó que uno de los resultados de la encuesta del CIS sobre el impacto social de esta normativa es que prácticamente todos los encuestados contestan sí a la pregunta de si creen que es necesaria una ley que fomente el mercado de alquileres y acabe con la incertidumbre existent actualmente.

Borrell pidió que se evite crear alarmas en esta materia y afirmó que "si tuviéramos la garantía de que somos capaces de explicar lo que la ley persigue y cómo lo persigue y de que no va a haber una intoxicación de la opinión pública en el debate político parlamentario, sería posible sacar adelante la nueva ley".