Además, Borrell amenazó con retirar las ayudas para la promoción de vivienda previstas por el Gobierno central a los ayuntamientos y comunidades autónomas que no colaboren con el Plan de Vivienda.

El ministro, que inauguró en Sevilla unas jornadas tituladas "Hacia una nueva política de vivienda", advirtió que "no habrá ayudas para aquellos ayuntamientos y comunidades autónomas que no liberen suelo para vivienda a bajo precio". Agregó que, con esta actitud, el MOPT pretende impulsar la corresponsabilidad de las administraciones local y autonómica en la resolución del problema de la vivienda.

El responsable de Obras Públicas reconoció que la política del Gobierno en materia de vivienda "no ha sido la más acertada hasta ahora", cuestión en la que abundó la directora general de la Vivienda, Cristina Narbona, cuando aseguró que "no se construirán casas con ayudas del Gobierno, para que luego queden vacías, algo que ha sido uy frecuente en los últimos años".

Respecto a la actual normativa legal sobre vivienda, Borrell hizo hincapié en la necesidad de elaborar una ley de ordenación de las edificaciones y modificar la actual Ley de Arrendamientos Urbanos. La nueva ley de alquileres establecerá un periodo de vigencia de tres a cinco años para los contratos de alquiler.

El Plan de Vivienda para 1992 prevé aportaciones de las entidades de crédito por valor de 440.000 millones de pesetas, de los que la mayor parte serán dsembolsados por las cajas de ahorros (220.000 millones).

El resto será cubierto por la financiación del Banco Hipotecario (120.000 millones), Caja Postal (30.000), el Instituto de Crédito Oficial (25.000), las Cajas Rurales (15.000) y la banca privada (30.000).