La iniciativa ha sido aprobada por el Parlamento de Castilla-La Mancha y esta tarde se debatirá en el Congreso de los Diputados. En un gesto inusual, el presidente presentó el texto en rueda de prensa en la Cámara Baja. Se trata, aseguró, de la aprobación de algo ya establecido en una directiva comunitaria, que obliga a prestar un servicio público con la telefonía móvil a la que deben tener acceso todos los ciudadanos.

En su opinión, el Gobierno ha descuidado la trasposición de esta directiva y ha permitido con ello "una estafa" de las operadores a los usuarios, ya que en muchos lugares del territorio las interrupciones por culpa de la mala cobertura obligan a restablecer la llamada y, con ello, a pagar de nuevo. Subrayó que esta carencia afecta a 33,5 millones y medio de usuarios en España, y corregirlo no supondría recargo alguno para las arcas públicas, ya que debería hacerse con cargo a los "cuantiosos beneficios" de las operadoras.

Bono recordó el reciente anuncio de superávit de las cuentas públicas y denunció la existencia de este grave "déficit social", con el que no se puede presumir de país "moderno" ante la Unión Europea.

Con esta iniciativa, el Parlamento de Castilla-La Mancha pide que en res meses se determinen los niveles mínimos de calidad que deben prestar las operadores en la prestación de este servicio, y que se garantice la cobertura en toda la red de autovías del Estado y en la red básica de carreteras.

Antes de un año, explicó Bono, debería estar garantizado que en ninguno de estos puntos se interrumpe el servicio, salvo excepciones puntuales debidas a motivos de seguridad o de protección medioambiental de algún espacio concreto.