Según informa la agencia oficial de Bolivia, ABI, Morales firmó el decreto a las 12,50 horas (hora local, seis más en España), en el campo petrolero de San Alberto.

El presidente de Bolivia reivindicó durante su intervención el derecho de todos los pueblos de tener el control de sus recursos naturales.

El decreto supremo indica que las empresas que operan en el país están obligadas a entregar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) toda su producción, algo que afectará de forma notable a Repsol YPF y a Petrobras.

La compañía pública YPFB será la encargada de comercializar esos recursos en el país y tendrá a su cargo también los convenios de exportación.

El decreto también fija un plazo de 180 días para que todas las empresas petroleras suscriban nuevos contratos y se adecuen a la nueva norma para seguir operando en Bolivia. De no seguir estas indicaciones, el Gobierno de Bolivia intervendrá sus instalaciones.