Boliden-Apirsa, que esta semana presentó expediente de suspensión de pagos, contesta así al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que tras conocer la decisión de la compañía aseguraron que estudiarán si la empresa debe devolver las subvenciones qu percibió.

Sin embargo, la empresa minera informó en un comunicado que las subvenciones que el Gobierno y la Junta le concedieron en 1995 estaban sometidas al cumplimiento de dos condiciones: que realizara una inversión de, como mínimo, 31.388 millones de pesetas, y mantuviera al menos 430 puestos de trabajo. Ambos requisitos debían cumplirse en junio de 1998.

La compañía aseguró que dichas condiciones fueron cumplidas en plazo y verificadas por los organismos competentes de la Junta de Andalucía que emitió los correspondientes certificados de acreditación de inversión el 28 de septiembre de 1999 y un informe final positivo de cumplimiento de requisitos el 2 de diciembre de 1999.

"En consecuencia", concluye el comunicado, "la compañía ha cumplido escrupulosamente todas las condiciones que le fueron impuestas para la recepción de dichas subvenciones y fueron puntualmente destinadas para los fines que estaban previstas".