Durante el encuentro, según informó Justicia, Bolaños reiteró al presidente de la Audiencia Nacional el compromiso del Gobierno con los jueces y magistrados, y le aseguró que este respaldo se traduce en hechos, propuestas y soluciones tangibles para facilitar su trabajo y mejorar las condiciones en las que lo desarrollan.

En la reunión también abordaron la reciente convalidación del Real Decreto Ley 6/2023, que va a permitir el impulso de la mayor transformación digital de la historia en materia de Justicia, “dando respuesta a un reto pendiente en el sector”. El objetivo es que, al final de la legislatura, España disponga de un servicio público de Justicia de “mayor calidad, más eficaz, ágil y accesible”.

Las medidas incluidas en el Real Decreto-ley, con herramientas como el Expediente Judicial Electrónico o la Carpeta Justicia, contribuirán a simplificar y facilitar los trámites, ahorrando desplazamientos y potenciando las comunicaciones electrónicas.

Asimismo, trataron también sobre la puesta en marcha próximamente de 28 nuevas Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) aprobada el pasado 2 de enero. La Audiencia Nacional acogerá una de estas oficinas, que dará soporte a las víctimas de un delito cuyo enjuiciamiento sea competencia de este órgano, destacando especialmente las diversas macrocausas que se dirimen en el mismo.

Se trata de un servicio público y gratuito con el que se reforzará la asistencia y el apoyo ya prestados a las víctimas y que supone un paso más en el impulso a la “justicia de los cuidados” anunciado por el ministro en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado mes de diciembre.

Las OAVD son unidades dependientes del Ministerio, integradas por personal adscrito a la Administración de Justicia, además de profesionales de la psicología y del personal técnico que se considere necesario para la prestación del servicio.

Ofrecen una asistencia integral de apoyo y acompañamiento a las víctimas durante el proceso, brindándoles información en el ámbito jurídico y social y proporcionándoles los recursos públicos disponibles. Además, facilitan asistencia psicológica cuando se requiere, antes, durante y, por un período de tiempo adecuado, después de la conclusión del proceso penal. Esta oficina en la Audiencia Nacional se sumará a la ya existente Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo.