Bolaños hizo esta afirmación al intervenir en el Pleno del Congreso para defender el Real Decreto-ley 6/2023, por el que se aprueban “medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo”.

El titular de Justicia intervino en un debate en el que no tomó la palabra ningún diputado de Junts, de cuyo voto dependen este decreto como los del paro y las medidas anticrisis. La formación de Carles Puigdemont ha denunciado estos días que la iniciativa sobre digitalización judicial incluye la reforma de un artículo que puede avalar la suspensión de la ley de amnistía si es recurrida a tribunales europeos.

Respecto al resto de formaciones, anunciaron su apoyo a la medida ERC, BNG y PNV, aunque cuestionaron la presentación de la iniciativa como decreto y reclamaron que se tramite como proyecto de ley. Mostraron su rechazo total PP y Vox, que acusaron al Gobierno de haber introducido medidas para contentar a los independentistas en este plan sobre la digitalización judicial.

En su intervención, Bolaños sostuvo que rechazar el decreto sobre modernización judicial “es decir no a 10.000 millones de euros” de fondos europeos. Explicó que esto es así porque el Gobierno se comprometió con Bruselas a introducir determinados cambios para recibir el cuarto pago de ayudas comunitarias.

“EN ALGÚN DESPACHO OSCURO”

El ministro defendió que esta necesidad de recibir este dinero europeo justificaba el “requisito de la extraordinaria y urgente necesidad” del decreto, porque es “innegable” que la ayuda de Bruselas está teniendo “un impacto muy positivo en la economía de nuestro país y, por tanto, en la ciudadanía, en las familias y en las empresas”.

Sobre los cambios que introduce el decreto, indicó que se plantean “medidas de eficiencia digital” y de eficiencia procesal que buscan la implantación de una “Justicia más moderna, más ágil, más digital y mucho más cercana a la ciudadanía”.

Por su parte, el diputado del PP Luis Huguet censuró que Junts no hubiera intervenido en el debate y que se negara a explicar su posición “en la sede de la soberanía nacional”. Añadió que esto este partido independentista debe estar negociando con el PSOE “en algún despacho oscuro” y que de todo ello los españoles sacarán claro quién gobierna “de verdad” en España.

Asimismo, en nombre de Vox, Emilio del Valle, criticó que el decreto incluía aspectos “que nada tienen que ver” con la digitalización judicial y con el fin de “contentar a los nacionalistas y a los separatistas”. Aludió a que entre estos aspectos estaban que los funcionarios locales pasen a depender del Gobierno vasco o reconocer la “singularidad” de la Administración catalana.

Además, Miguel Legarda, del PNV, y Néstor Rego, del BNG, demandaron que el decreto se tramite como proposición de ley. A su vez, Engracia Rivera, de Sumar, señaló que no era “suficiente motivo” para que Junts no apoye el decreto lo referido a la suspensión de leyes al recurrir a los tribunales europeos, puesto que esto ya es una “práctica común”.