Justicia
Bolaños acusa a los consejeros de Justicia del PP de "gamberrismo institucional" por abandonar la sectorial de Barcelona

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró este viernes que la decisión de los consejeros del PP de abandonar la Conferencia Sectorial de esta jornada en Barcelona era un acto de "gamberrismo institucional", al tiempo que negó que se hubiera rechazado tratar las cuestiones que planteaban estos representantes autonómicos.
En una comparecencia ante la prensa en la capital catalana, Bolaños señaló que la forma de proceder de los consejeros de Madrid, Galicia, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Valencia y Aragón suponía que este partido abandona la "política institucional" y "prefiere el enfrentamiento y el boicot de instituciones como es la Conferencia Sectorial de Justicia".
Calificó de "excusas muy baratas" los motivos alegados por los representantes populares para abandonar la reunión, ya que se les había comunicado por escrito que "no había ningún problema en hablar de cualquier asunto" relacionado con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia.
Recordó que el Gobierno ha transferido 325 millones de euros a las comunidades autónomas con competencias en Justicia, y que algunas regiones gobernadas por el PP "han recibido en torno a 50 millones de euros de financiación y aun así se han ido". Por este motivo, calificó la actitud de estos consejeros de "gamberrismo institucional".
"CATALUÑA VUELVE, EL PP SE VA"
El titular de Justicia destacó el contraste entre la actitud del PP y la colaboración mostrada por la Generalitat, lo que demuestra que "Cataluña vuelve y el PP se va y boicotea la institucionalidad".
Agradeció expresamente al consejero catalán de Justicia, Ramón Espadaler, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "el enorme trabajo" realizado para organizar esta conferencia sectorial, que "lamentablemente no va a ser aprovechada por los Gobiernos autonómicos del PP".
Subrayó que la aplicación de la Ley de Eficiencia supondrá una inversión de unos 15 millones de euros para toda España, pero generará un ahorro estimado de 290 millones en diez años tanto para la Administración central como para las comunidades autónomas.
Insistió en que el PP "está abonado al gamberrismo institucional y a la confrontación", mientras que desde el Ministerio "tendemos la mano a todas las comunidades autónomas y a todos los operadores jurídicos" para seguir trabajando en la mejora del servicio público de Justicia.
(SERVIMEDIA)
04 Abr 2025
NBC/clc/gja