La norma publicada en el BOE, que entrará en vigor dentro de tres meses, pretende mejorar la organización del Registro Civil y modifica puntos sobre incapacitaciones, patrimonios protegidos y protección patrimonial de las personas con discapacidad recogidos en varias normas.

Concretamente, esta ley permitirá conocer el número y el alcance de incapacitaciones existentes en España, algo para lo que ahora hay dificultades, y centralizará los datos de incapacitaciones, actualmente dispersos en varios registros municipales.

Del mismo modo, facilitará la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido, haciendo publicidad a través del Registro Civil no sólo de los nombramientos de los administradores de estos patrimonios, sino también de su constitución y contenido.

En esta misma línea, impone a los notarios la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal la constitución de un patrimonio protegido y legitima a este mismo ministerio para obtener información de organismos públicos en relación con el ejercicio de la tutela de estos patrimonios, con el fin de mejorar su control.