El texto publicado, la cuarta normativa de extranería en las dos últimas legislaturas, plasma el acuerdo de PP, PSOE y Coalición Canaria para modificar la Ley de Extranjería 8/2000.

Entre los puntos destacados de esta reforma se encuentran la simplificación de los trámites administrativos en la gestión de permisos y visados, la creación de un nuevo visado de tres meses para la búsqueda de empleo, el endurecimiento de las penas por la contratación de inmigrantes irregulares y la obligación de las compañías de transporte de informar de los turistas qu no regresan a sus países de origen.

Asimismo, esta reforma permite a la Policía acceder a los datos del padrón municipal, facilita el permiso de residencia a las inmigrantes maltratadas y evita la reagrupación familiar en cadena.