Se trata de el real decreto-ley de medidas fiscales urgentes para el estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana epresa; el referido a la liberalización del sector inmobiliario y transportes; las medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público y la racionalización del uso de medicamentos; la intensificación de la competencia en los mercados de bienes y servicios y las medidas liberalizadoras en el sector de las telecomunicaciones.

La pretensión del Ejecutivo es frenar a los monopolios para combatir la escalada de precios y, para ello, se aumenta la competencia.

Así, las grandes petroleras no porán abrir más gasolineras, se adelanta la liberalización del mercado del gas al año 2003, se reducen las tarifas eléctricas, habrá tarifa plana de Internet en horario reducido y se romperá el monopolio en las llamadas locales a finales de año.

En fiscalidad, las plusvalías pasarán de un tipo impositivo del 20% al 18% y se reduce el plazo de 2 a 1 año, la retención en los fondos de inversión baja del 20% al 18% y se elevan los límites en las aportaciones a los fondos de pensiones.

Finalmente, se aanza en la liberalización de los horarios comerciales permitiendo la libertad total de apertura para los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados.

Según el Gobierno, "la liberalización económica constituye el eje principal de la política económica desarrollada", con la intención de "crear un entorno más favorable para que los agentes productivos se vean incentivados a invertir y contribuir así al desarrollo económico de todo el país".