La publicación de la norma en el BOE se produce un día después de que el PP en el Senado anunciara la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional si la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, no atendía la solicitud de la Cámara Alta de convocar un Pleno para debatir el veto que los populares entienden que el Senado interpuso a la ley esta misma semana.

Sin embargo, el Congreso de los Diputados aceleró su respuesta al Senado y resolvió el último conflicto surgido entre ambas Cámaras remitiendo la norma al BOE sin debate para su publicación definitiva y su posterior entrada en vigor, lo que sucederá a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La controversia en torno a esta ley parte de una enmienda que introdujo Sumar en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados por la que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la norma, que impedía que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

Esta enmienda pasó todos los trámites parlamentarios sin que ningún partido se opusiera a ella. Prueba de ello es que todos ellos votaron a favor en Comisión y en el Pleno, donde salió adelante por unanimidad.

Ha sido la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) la que advirtió de que si la norma se aprobaba, 44 presos de ETA saldrían antes de prisión, siete de ellos en apenas unos meses.

Ante esta situación, el PP y Vox arremetieron contra el Gobierno al que acusaron de malas artes en el trámite parlamentario, lo que fue respondido por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con una defensa de lo impecable del trabajo parlamentario.

Del mismo modo, Enrique Santiago, de Sumar, reivindicó la enmienda impulsada por su grupo atestiguando que ésta corrige una discriminación hacia los presos.