El decreto ley mejora la capacidad de respuesta frente a los fuegos forestales durante todo el año al mejorar aspectos como la prevención, la extinción y la restauración de los terrenos forestales afectados, y da a las comunidades autónomas un plazo de cinco meses para adaptar sus servicios de lucha contra el fuego a lo establecido por la nueva norma.

Además, actualiza el contenido básico de los planes autonómicos, refuerza la eficacia de las medidas operativas y aumenta la seguridad de los trabajadores en la lucha contra incendios.

Estos planes para la prevención, vigilancia y extinción de incendios deberán ser aprobados y publicados por las comunidades autónomas -administraciones competentes en política forestal y en gestión antiincendios- antes del 31 de octubre de cada año y se aplicarán de manera ininterrumpida durante los 12 meses del año en todos los territorios.

En cuanto a la gestión del riesgo, establece un catálogo mínimo de prohibiciones que las comunidades autónomas deberán aplicar cuando el riesgo de incendio sea muy alto o extremo y que se aplicarán a las actividades que puedan ser causantes de incendios y se pondrán en marcha cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emita una alerta roja por riesgo de incendios.

Respecto a la extinción de los incendios, la norma reforzará la coordinación institucional mediante un sistema de emergencias que asegure la interacción eficaz entre diferentes equipos, cualquiera que sea la administración a la que pertenezcan.