De un lado se sitúan los que consideran que debe prevalecer el criterio que exige que los aspirantes al trono (y los que surjan de este matrimonio lo serían) sean hijos de padre y madre de sangre azul, y los que respaldan al rey en dar por entendido que los hijos de la infanta no deben perder sus derechos por el hecho de que ella se case con quien quiera.

Teóricamente, aún sigue vigente la Pragmática Sanción, que ha oexistido con las constituciones españolas desde 1830 y no ha sido derogada por un decreto, como sería preceptivo. Esta norma, que establece que los sucesores de la corona deben entroncar con otras familias reales, ha sido respetada por todos los monarcas españoles hasta ahora.

Esta tesis habría influido en las reticencias despertadas a raíz de los rumores sobre un noviazgo entre el Príncipe Felipe e Isabel de Sartorius, ya que para la causa monárquica lo prioritario es garantizar un sucesor de sangre"netamente real". En caso de que Felipe falleciera sin hijos antes de asumir el trono, la línea sucesoria pasaría a Elena y sus descendientes.

Desde el punto de vista de los expertos más estrictos, la decisión de Don Juan Carlos de aprobar "de hecho" el matrimonio al no pronunciarse en contra ni mencionar expresamente que la infanta pierda sus derechos, es suficiente por ahora, pero no deja las cosas definitivamente claras.

Otros, en cambio, consideran que, al borde del siglo XXI, es ilógico mantner ese tipo de discriminaciones, tanto en lo referente a los matrimonios con personas ajenas a la realeza como en lo que respecta a la primacía de hombres o mujeres en la sucesión.