El caso más alarmante es el del Supremo que con 79 magistrados tiene ahora mismo una plantilla mermada en un 20%. A menos de dos meses de terminar el año, el TS tienen 16 plazas vacantes por jubilación, fallecimiento o excedencias, que se incrementarán con una jubilación más el próximo mes de diciembre.

Todas las salas, a excepción de la Sala de lo Penal presidida por Manuel Marchena, tienen vacantes, lo que dificulta la formación de tribunales y retrasa de manera sustancial la resolución de asuntos. El caso más preocupante es el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que tiene ocho vacantes.

La Sala de lo Social tiene cinco puestos sin cubrir, la Sala de lo Militar está a falta de dos magistrados y la Sala de lo Civil tiene una vacante. La situación es tan extrema que el Ministerio de Justicia dirigido por Pilar Llop se comprometió a destinar varios refuerzos a las salas más colapsadas para tratar de combatir el caos, una operación que según dijo la propia ministra, ya ha costado a las arcas públicas más de 12 millones de euros.

Pero además, en los distintos Tribunales Superiores de Justicia de ámbito autonómico hay 49 plazas sin cubrir de un total de 116 y de las que siete corresponden a distintas presidencias. En este caso, sus anteriores titulares siguen ejerciendo esas responsabilidades en funciones.

El CGPJ perdió la facultad de realizar nombramientos mientras esté en funciones tras la reforma legislativa impulsada por el Gobierno en abril de 2021, para contrarrestar la negativa del PP a pactar la renovación. Tras casi dos años y medio de intentos infructuosos de acuerdo y con 78 nombramientos en la cúpula judicial realizados por un Consejo caducado, el Ejecutivo sacó adelante en el Congreso una reforma que limitaba las facultades del órgano de gobierno de los jueces mientras estuviera fuera de mandato.

La negativa del PP a culminar una renovación que estaba ya pactada, escudándose en la nueva regulación del delito de sedición que estudia el Ejecutivo, aboca a la inoperancia a los tribunales y mantiene en la ilegalidad a un Consejo que, ya con toda probabilidad, doblará su mandato (de cinco años) al no renovarse en toda la legislatura. Detrás de este bloqueo está la intención de evitar a toda costa que el Consejo cambie su composición para tener mayoría progresista.

Esta misma es la razón que hasta ahora ha impedido que el CGPJ designe a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional (TC), y permitir que el Gobierno nombre a otros dos miembros.

La minoría conservadora de bloque en el Consejo esperaba que se produjera un acuerdo entre el Ejecutivo y el PP y ha ido retrasando la designación de los candidatos que debería haberse producido antes del 13 de septiembre. Visto que no hay posibilidad de acuerdo, la minoría conservadora de bloque ha ablandado sus posiciones y a retomado la negociación con el sector progresista. Esta semana reanudaron las reuniones y se han emplazado para el próximo día 16 de noviembre para evaluar al candidato de los progresistas, José Manuel Bandrés, y presentar alguna candidatura.