Pérez Bujarabal, que cuando realizó el informe era jefe de la Sección de Comunidades Vegetales del Departamento de Agricultura del Gobierno aragonés, declaró, en calidad de testigo, que en su informe consideraba poco idónea a ubicación del cámping y se alertaba de las posibles consecuencias negativas, dado que el lugar elegido era el cono de deyección del barranco, cuyo curso se consideraba, además, de alta torrencialidad.

El documento elaborado por el ingeniero constituye la única alegación desfavorable a la instalación del cámping donde, el pasado 7 de agosto, fallecieron 86 personas en el transcurso de una avalancha de agua, fango y rocas.