Arcas explicó que hace menos de un mes laspartes de la acusación presentaron un escrito para pedir que se cite como imputados a 8 funcionarios del Gobierno autónomo de Aragón, adscritos a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que depende de la Administración central.

"Entendemos que hubo prevaricación por la sustracción del documento que desancosejaba la ubicación del cámping en ese lugar y, por lo tanto, hay que averiguar quién cometió el delito", subrayó el letrado.

Añadió que todos los indicios apuntan al jefe de servicio de la Consjería de Agricultura, al secretario general de la Consejería y al director general de Ordenación Rural, en la época en la que se concedió la autorización para la ubicación del camping, como responsables de haber ocultado ese documento incluso al consejero.

De acuerdo con la versión del abogado, el consejero de Agricultura en la época en la que se tramitó la ubicación del cámping declaró ante el juez que nunca habría autorizado la instalación si hubiera sabido de la existencia de un informe técnico desavorable.

Por lo que se refiere al procedimiento penal, Arcas también mantiene que las administraciones se "saltaron a la torera" varias disposiciones sobre la ubicación de instalaciones en barrancos y cauces de los ríos, así como el mapa de riesgos del Ministerio de Medio Ambiente, elaborado en 1996, que señala el nivel de riesgo de riadas en la zona en 7, en una escala de 0 a 9.