Melero, que hizo estas declaraciones a Onda Cero, indicó que la petición del fiscal "entiendo que cause alarma social, pero sorprende relativamente porque, entiendo la dependencia jerárquico-orgánico-funcional que tiene el ministerio fiscal del Gobierno. Tampoco debe sorprendernos que no quiera acusr ni al Estado ni a la Comunidad Autónoma de Aragón".

La abogada explicó que "si así entiende el ministerio fiscal la función constitucional que le ha sido encomendada de defensa de los intereses públicos, de control de legalidad y de protección de víctimas, habrá que preguntar a esas familias que, por ejemplo, se han quedado sin hijos menores".

"Los abogados de la acusación particular también tenemos la obligación de controlar la legalidad vigente y de intentar que se persigan los delitos", añadó Melero para quien, en relación a la tragedia del camping de Biescas, se dieron presuntos delitos de prevaricación, imprudencia y obligación de denunciar hechos dolosos, que ahora la fiscalía descarta.