"Estoy harto ya", dijo Benegas en tono severo, "de que se me atribuyan cosas que no he hecho, de que se me atribuyan, sin aportar ninguna documentación, insinuaciones sobre influencias o sobre amigos que han hecho negocios. No estoy dispuesto ya a pasar ni una más".

Benegas, que compareció ante los periodistas tras prestar declaración ante el juez oreiras, hizo una defensa pública de su honestidad y puso de relieve que desde 1975 ha vivido del sueldo de su partido y de sus retribuciones como diputado nacional o como parlamentario autonómico.

"Jamás he recibido una peseta de nadie, ni de ninguna comisión o negociación. He vivido estrictamente de mi sueldo y de mi salario y siento indefensión cuando se atribuyen determinadas acusaciones sin aportar la más mínima prueba", remachó.

Aseguró que a lo largo de su trayectoria política los medios d comunicación le han convertido en el punto de mira de una serie de falsedades, como sus negocios con Abel Matutes o más recientemente la noticia publicada por un diario de Madrid, según la cual un amigo suyo hizo gestiones para vender un porcentaje de Telecinco a cambio de una cantidad millonaria.

A su juicio, se insiste permanentemente con "esa idea de sembrar la duda y de ensombrecer la dignidad de los políticos, sin aportar pruebas suficientes". Sobre este punto, insistió en que la actual situació de deterioro general y de crispación los políticos tienen que defender la dignidad de su trabajo y de su profesión.

DIFICIL DEFENSA

Benegas subrayó que es muy difícil defenderse de algo que no es la imputación de un delito, que no cabe dentro de la injuria o la calumnia, que no es un atentado contra la dignidad o el honor y que simplemente es una falsedad.

En este sentido, aludió a la existencia en nuestro país de una laguna legal en lo que se refiere a la defensa de la dignidad y el honor de as personas, ya que un político no puede defenderse de "algo que simplemente es falso".

Para superar ese vacío legal, el dirigente socialista apuntó como recomendaciones la posible reforma del Código Penal y la regulación del derecho de rectificación, para que las quejas sobre informaciones que resultan ser falsas no vayan a parar siempre a la sección de cartas al director.