Belloch explicó que el Gobierno no puede tener ningún plan en ese sentido, porque su actuación debe estar guiada por los principios constitucionales que se reflejan en el derecho penitenciario.

En este sentido, recordó que elartículo 25 de la Constitución fija el sentido de las penas privativas de libertad, cuya orientación es la rehabilitación. "Y eso no lo dice el Gobierno", precisó, "no es materia negociable o discutible, sino que es contenido constitucional liso y llano".

Belloch dijo que ningún delincuente o grupo de delincuentes a priori tiene derecho a un tratamiento desigual en su beneficio, ni pueden ser objeto de tratamiento discriminatorio en su perjuicio.

"No puede existir ningún plan (de reinserción), loque habrá será respuestas individuales a situaciones individuales. Lo que habra, en definitiva, será un tratamiento penitenciario", concluyó.

Por su parte, la senadora que formuló la pregunta, Isabel San Baldomero, insistió en que su partido rechaza la reinserción de terroristas con delitos de sangre, al tiempo que acusó al Gobierno de "estar irritando a muchos españoles con su ambiguedad calculada" a la hora de hacer declaraciones sobre la reinserción de etarras.

"En todo caso", agregó, "deben pimar criterios de igualdad entre los reclusos a la hora de concederles beneficios penitenciarios de cualquier tipo, y siempre bajo la consideración de que la prisión tiene como fin primordial la reeducación y reinserción de los reinsertados, que es algo con lo que en ningún caso se puede negociar".