En la clausura de las jornadas que durante dos das ha celebrado el Grupo Socialista para analizar ese proyecto presentado por el Gobierno, Belloch resaltó la falta de consenso con que se ha hecho ese texto, a pesar de que el Grupo Socialista ofertó un pacto de Estado en materia de Justicia.

Aseguró que, en este área, "en toda esta legislatura no ha existido ningún contacto, ni directo ni indirecto, entre el grupo Socialista y el grupo parlamentario que apoya al Gobierno de la nación, ni entre el PP y el PSOE, ni entre el Ministerio de Justicia y reresentantes socialistas".

Asimismo, señaló que el proyecto de ley se ha hecho de espaldas al modelo del Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial y se ha omitido toda relación con las recomendaciones del Consejo de Europa en temas "tan obvios" como el papel activo del juez, las fases del proceso y la necesidad de ir a modelos convergentes en materia de ejecución entre los países de Europa.

En este sentido, en las conclusiones de la jornadas, el Grupo Socialista afirma que este proyecto nace viejo, no moderniza la justicia civil y nos aleja de los modelos procesales de la Unión Europea".

Asimismo el Grupo Socialista señala que "la futura ley procesal civil no puede ser la ley de los bancos, de las grandes compañías o empresas o de los grandes acreedores frente a los modestos impositores, clientes, consumidores o pequeños deudores".

Desde otro punto de vista, señala que en el proyecto "se desaprovecha el papel de los secretarios judiciales, no se contiene un modelo claro de oficia judicial, no se garantiza la inmediación, se mantiene una compleja red de incidentes procesales, se mantienen demasiadas especialidades o multitud de procedimientos, el rÉgimen de recursos es inconstitucional a juicio de muchos expertos, y está concebido desde el absurdo y la arbitrariedad, generando indefensión".

En esas jornadas han participado sectores de distintas escuelas de la doctrina procesal de distintas universidades, magistrados del Tribunal Supremo, secretarios judiciales, fiscales y repesentantes del Consejo General de la Abogacía, así como distintos profesionales y colectivos.