“En lo que estamos concentradas ahora es en tratar de reconstruir la mayoría que quiere proteger los derechos de los animales en España, que es una mayoría con la que contábamos cuando la norma salió del Consejo de Ministros”, indicó Belarra este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Belarra añadió al respecto: “Aspiro a que podamos reconstruirla y a que se retiren todas las iniciativas que colocan a otros partidos del lado de los maltratadores de animales porque al final todos los animales necesitan tener la misma protección. Es lo que pensaba cuando la norma salió de este Consejo de Ministros y es lo que sigo pensando ahora”.

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto incluía a los perros de caza en la norma, pero el PSOE presentó una enmienda en septiembre para excluirlos de su ámbito de aplicación.

Los socialistas también pretendían dejar fuera de la ley a los perros de rehalas y animales auxiliares de caza, así como los empleados en actividades específicas (las deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado) y los utilizados en actividades profesionales (perros de rescate, animales de compañía utilizados en intervenciones asistidas o animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas).

COMPÁS DE ESPERA

El proyecto de ley estuvo en un compás de espera en el Congreso ante las discrepancias de Unidas Podemos, que ha impulsado la ley desde el departamento dirigido por Belarra, por la propuesta del PSOE -socio de coalición en el Gobierno de Pedro Sánchez- respecto de los perros de caza.

En un intento de desbloquear la tramitación parlamentaria, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 propuso al PSOE que tome como ejemplo la ley autonómica de defensa de los animales de Castilla-La Mancha, en vigor desde 2020 y que establece que los perros de caza quedan excluidos de la aplicación de la norma mientras participen en actividades cinegéticas. Esta excepción no implica que se les pueda maltratar, agredir, causarles algún tipo de sufrimiento o abandonarlos, en cuyo caso se les aplicaría el procedimiento sancionador recogido en la norma.

Tras un tira y afloja de más de una semana, la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de diciembre una transaccional a la enmienda del PSOE (con el apoyo de los socialistas, el PP, Vox y el PNV) que establece que todos los animales mencionados “se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente, y que les sea de aplicación al margen de esta ley”.

La norma está pendiente de ser aprobada en el Pleno del Congreso, lo cual sucederá previsiblemente el próximo mes de febrero, antes de que el texto continúe su tramitación en el Senado.