Previamente, el empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Gómez en la cátedra que patrocinaban en la Universidad Complutense de Madrid, declarará en la causa. No tendrá que acudir mañana a los juzgados de la Plaza de Castilla y podrá declarar por videoconferencia desde su domicilio por su estado de salud.

Así lo ha acordó el juez Juan Carlos Peinado, que lo comunicó a las partes el viernes. Barrabés está citado como testigo y padece una grave enfermedad que le tuvo hospitalizado hasta esta semana en que recibió el alta, aunque su estado de salud sigue siendo precario.

El juez había advertido a Begoña Gómez que debía estar presente en esa declaración porque se iba a realizar como una prueba preconstituida para el caso de que el empresario no pudiera prestar testimonio en un eventual juicio. Tras ser dado de alta ya no será una prueba preconstituida y la mujer del presidente no estará presente.

RECURSO

El abogado de Begoña Gómez recurrió el pasado martes ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Peinado en el que le informaba de que estaba investigando “todos los actos, conductas y comportamientos” que había mantenido desde que su marido, Pedro Sánchez, es presidente del Gobierno.

En su escrito de apelación, el letrado sostiene que el instructor está realizando una investigación "prospectiva e inquisitorial", que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional prohíben expresamente. Antonio Camacho, que representa a Gómez, argumenta que “en un Estado de derecho avanzado como el nuestro” no cabe la investigación de “toda la vida de mi representada, ni siquiera con la vinculación de esa formulación que hace el auto objeto de recurso a la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias. En definitiva, que no cabe una investigación de todos los actos, conductas y comportamientos de nadie en un sistema procesal penal democrático”.

La defensa de Gómez volvía así a recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid que ya se pronunció sobre esta investigación el pasado 29 de mayo, estableciendo que de entre los hechos denunciados por Manos Limpias tan sólo se debía aclarar lo relativo a los contratos del ente público Red.es, que ahora están en manos de la Fiscalía Europea por involucrar fondos comunitarios.

Camacho defiende que no hay indicios delictivos que justifiquen continuar esta instrucción y, por tanto, “mi representada debe dejar de estar en este procedimiento en calidad de investigada. Y todo ello sin perjuicio de que los hechos por los que se inició esta causa estén siendo investigados por la Fiscalía europea".

FISCALÍA

No es el único recurso que está pendiente de resolución. El pasado martes la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial acusando al juez de haber incurrido con su instrucción en una “deriva“ por la "amplísima" dimensión de esta causa “general” basada en datos generales con “falta de concreción”.

El Ministerio Público acudía así a una instancia judicial superior al Juzgado de Instrucción número 41 con la tesis de que su titular ha sobrepasado los hechos a los que acotó el procedimiento la propia Audiencia Provincial de Madrid al practicar diligencias sin aclarar las razones que hacen procedente esta investigación judicial contra la mujer del presidente.

La Fiscalía afea al instructor que investigue “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España”, con excepción de los contratos públicos financiados con fondos europeos que están en manos de la Fiscalía Europea.

El recurso critica que pese a que el juez respondió al requerimiento de Gómez para saber los motivos de su investigación, no lo hizo de manera concreta, lo que constituye una “dificultad” para que la mujer del presidente comprenda el “objeto fáctico” de las diligencias.

INFORME DE LA UCO

Además, durante esta semana se ha conocido la existencia de un segundo informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza media docena de contratos suscritos por la UTE de Juan Carlos Barrabés descartaba el pasado 2 de julio irregularidades en la contratación, en la misma línea del enviado al juez el pasado mes de mayo.

La información se entregó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el pasado 2 de julio y analiza seis contrataciones del ente público Red.es, el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Superior de Deportes con la UTE de Barrabés, que obtuvo la mayor puntuación en el concurso convocado para su adjudicación.

Según la denuncia de Manos Limpias, las empresas de Barrabés habrían sido recomendadas mediante cartas firmadas por Begoña Gómez. El informe de la UCO no analiza todos los contratos puesto que parte de ellos están ya siendo investigados por la Fiscalía Europea, al haber sido sufragados con fondos comunitarios.

La UCO asegura en su escrito de 102 páginas que todos los contratos “se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”. Y añade que “en líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos, algunos de ellos vigentes actualmente, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”. De la media docena de contratos analizados, cuatro corresponden al Ayuntamiento de Madrid, uno a Red.es y el último al Consejo Superior de Deportes.

La UCO envió al juez el citado informe tres días antes de la primera citación hecha a Gómez para declarar como investigada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, pero el instructor no lo trasladó a las partes.

La Guardia Civil indica que este informe debe entenderse “en términos de presunción” sometida “en todo caso, a la valoración que de ellas haga la autoridad judicial” para “determinar la existencia de posibles irregularidades en la tramitación, adjudicación o ejecución de los contratos”.

VICERECTORES

El juez Peinado también acordó esta semana nuevas comparecencias, citando como testigo al vicerrector de la Universidad Complutense, José María Coello de Portugal, y la persona que le precedió en el cargo, Juan Carlos Doadrio Villarejo, para indagar sobre la gestión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, codirigida por Gómez.

Tras tomar declaración el pasado día 5 al rector, Joaquín Goyache Goñi, que rechazó cualquier irregularidad, el magistrado continúa haciendo pesquisas para comprobar si hubo algún comportamiento reprochable desde el punto de vista penal.

El instructor preguntó al rector sobre la creación de la cátedra y Goyache explicó que mantuvo una reunión con la esposa de Pedro Sánchez en La Moncloa, tras recibir una llamada de su secretaria, que dio lugar más tarde a la creación del máster.

Ambos testigos están citados el próximo día 19 de julio a partir de las 13.00 horas. Es el mismo día en que el magistrado fijó la segunda comparecencia de Begoña Gómez para declarar después de suspender su declaración del pasado 5 de julio por no haberle sido notificada la querella de Hazte Oír.