La investigación abierta en España deberá dictaminar si la operación repercutirá negativamente sobre la competencia en telecomunicaciones, medios de comunicación, comercio electrónico, Internet y acceso a los usuarios.

A pesar de la importancia que la opinión de Bruselas puede tener en la decisión del órgano español, el departamento de Competencia de la Comisión no se ha querido manifestar sobre el asunto, porque ninguna de las partes afectadas ha realizad la petición para que investigue la operación, según fuentes comunitarias.

Aunque el citado departamento está informado del acuerdo, "las partes son las que deben contactarnos o no", ya que de ellas depende el comienzo de la investigación a nivel comunitario, según dijo el portavoz responsable de asuntos de Competencia, Michael Tscherny.