Así consta en el recurso que Martínez Madero presentó esta mañana en la Audiencia Nacional contra el auto por el que el juez Baltasar Garzón decidió ayer no inculpar a Rodríguez Ponga y "retrasar la posible imputación" de Emilio de Ybarra, Pedro Luis Uriarte, ex presidente yex director general del BBV, respectivamente; José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA; Mario Fernández, ex responsable de asuntos legales de dicha entidad; Carlos Delclaux, ex director general del BBVA; y Alfredo Roselló, máximo responsable del BBVA Privanza en Suiza.

Para Martínez Madero, que el secretario de Estado de Hacienda declare como testigo, como pretende Garzón, es "radicalmente incompatible con los datos incriminatoris que respecto a él obran en la causa".

A juicio de l Fiscalía Anticorrupción, la declación como imputado de Rodríguez Ponga "no puede retrasarse" bajo ningún pretexto. El magistrado quiere examinar determinada documentación sobre el paso del secretario de Estado de Hacienda por el mencionado banco, una información que Martínez Madero considera "a estas alturas procesalmente irrelevante por notorio".

Asimismo, el fiscal Anticorrupción recuerda que el propio Garzón ha acordado la imputación de algún querellado, argumentando que las preguntas que se le ibn a hacer tenían carácter incriminatorio.

El fiscal recuerda que, según el Tribunal Suprem, "entre los derechos reconocidos constitucionalmente a todos los acusados está el de no declarar contra sí mismos y el de no confesarse culpables". El fiscal advierte también de que "la consecuencia de la demora en el reconocimiento de los anteriores derechos no puede ser otra que la de privar de todo valor probatorio a la correspondiente diligencia de la fase de instrucción".

En el auto recurrido, Garzón dcreta la imputación de 24 consejeros del BBVA, a los que investiga por su presunta participación en delitos de apropiación indebida, falsedad documental, administración desleal, fraude fiscal, falsedades en balances y cuentas, blanqueo de capitales y cohecho.

En su resolución, el magistrado acepta dos de las tres vías de investigación propuestas por el fiscal Anticorrupción, la referida a la estructura del BBV Privanza en Jersey y la que afecta a la inspección del Banco de España sobre las cuentas secetas del BBVA y los fondos de pensiones de los consejeros procedentes del Banco Bilbao Vizcaya.

La tercera vía se refería a la trama latinoamericana, referente a las diversas maniobras que el BBV llevó a cabo para hacerse con diversas entidades financieras. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considera que antes de practicar diligencias en este sentido es necesario comprobar algunos datos.