El juez de la Audiencia Nacional admitió la personación de UGT y de CCOO en el denominado "caso BBVA", pero como acusación particular, es decir, como parte directamente afectada, para lo que les otorgó un plazo de diez días con el fin de que cuantificaran el daño que se les causó por la actuación de la mencionada entidad financiera. En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, UGT argumenta que, "además del perjuicio económico directo" que pueda derivarse de la investigación, lo cierto es que el carácter profesional de la organización liderada por Cándido Méndez "implica también la defensa de un interés específico".

En este sentido, hace hincapié en que la repercusión del "caso BBVA" puede traducirse en "una falta de confianza de los mercados que, con seguridad, producirán una inidencia en las políticas salariales y de empleo, afectando, por tanto, a las condiciones de trabajo de los empleados", de los que UGT es "legítima representante.

Por su parte, CCOO argumenta que la investigación dirigida por Garzón desemboca en una "pérdida de confianza en la entidad" que, además, "va a tener una repercusión en el empleo y en las condiciones de trabajo, puesto que, a un pérdida de posición competitiva en el mercado siempre le acompañan drásticas políticas de reducción de costes, empezndo por los salarios".

Ambos sindicatos coinciden en destacar la dificultad que tienen para concretar el perjuicio que les ha causado la actuación del BBV y que, como acusación particular, deben denunciar.

Así, señalan que la ocultación de los fondos, fuera del balance y de las cuentas anuales de la entidad, la variación de la plantilla a lo largo de esos años como consecuencia de las fusiones empresariales y la política de prejubilaciones hacen de la cuantificación del perjuicio una "tarea ingene" para la que se necesitan medios materiales y humanos de los que carecen, y, "sobre todo, mucho tiempo", al menos más de los diez días de plazo que les otorgó el juzgado para tal fin.

La diferencia entre la acción popular y la acusación particular radica en que la primera puede ser ejercida, previa prestación de fianza impuesta por el juez de instrucción, por cualquier ciudadano, en defensa de un interés general que se considere dañado por los hechos denunciados. La acusación particular representa aquienes han sido ofendidos directamente por los presuntos delitos que se investigan.

En este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga las cuentas opacas que el BBV abrió y mantuvo en paraísos fiscales y los fondos de pensiones abiertos por los directivos del BBV a varios consejeros de la entidad vasca.