Tras señalar que el artículo del Código Penal invocado por Garzón se refiere a organizaciones de tipo civil o mercantil, Requero se preguntó si una medida restrictiva como la suspensión de actividades puede interpretarse "de manera extensiva" a la hora de aplicarlo a un partido político, que, recordó, está sujto a un régimen específico.

En este sentido, recordó que la denominada Ley de Partidos Políticos prevé un régimen de suspensión y de ilegalización de tipo "cuasi-administrativo".

No obstante, Requero añadió que, en caso de que finalmente se pudiese adoptar la medida prevista en el artículo 129.1 del Código Penal, debería especificarse "de una manera clara y terminante" en qué consiste la suspensión de actividades de Batasuna.

¿"Qué quiere decir eso, que el grupo parlamentario de Batasuna en l Parlamento vasco no puede presentar enmiendas a un proyecto de ley, o que tiene que disolverse en un ayuntamiento y sus concejales deben dejar de intervenir? Todo eso hay que especificarlo", dijo.

En su opinión, una suspensión de actividades de Batasuna debería abordarse con la Ley de Partidos Políticos en la mano. "Salvo que exista una causa penal clara y terminante donde se deduzca una imputación a un grupo político", agregó Requero, para quien, "este tipo de medidas no se pueden adoptar con broch gorda".

"Tienen que ser medidas claras, milimétricamente pensadas", añadió este vocal del CGPJ, para evitar que los miembros del partido político afectado aleguen que el Estado de Derecho "les trata arbitrariamente".