El Tribunal ha decidido por unanimiad desestimar "en todos sus términos" el mencionado incidente al haber sido formulado fuera de plazoy carecer la Cárama de legitimación para su interposición.

Asimismo la Sala ha desestimado otras alegaciones de dicha Asamblea Legislativa, en las que negaba la jurisdiccióndel tribunal para acordar la disolución de un grupo parlamentario o afirmaba haber sufrido invasión ilegítima de sus prerrogativas propias.

De esta manera, los magistrados del Tribunal Supremo asumen las tesis esgrimidas por elfiscal y por el abogado del Estado, quienes ayer presentaron sus alegaciones en contra del incidente de nulidad.

La Fiscalía considera que es "inconcebible en cualquier país democrático el que no se cumplan las resoluciones judiciales" y que "se pretenda establecer entre los poderes públicos zonas exentas de sometimiento al ordenamiento jurídico"

A juicio del Ministerio Público, autoridades o funcionarios públicos están obligados a cumplir las resoluciones judiciales, "sin que ellos les atribuya a condición de parte".

La tesis del fiscal sigue la misma línea que la defendida por la Abogacía del Estado, para el que el Parlamento Vasco "es un mero colaborador o auxiliar del tribunal sentenciador a la hora de acatar y cumplir" el auto de 20 de mayo, por el que se decreta la disolución de Sozialista Abertzaleak.

El Parlamento Vasco basa su incidente de nulidad en once sentencias del Tribunal Constitucional y cuatro del Tribunal Supremo que, a juicio de sus servicios jurídicos, aportan el funamento legal que respalda su negativa a aplicar los autos del Tribunal Supremo sobre la disolución de Sozialista Abertzaleak (SA).

Además, según los letrados de la cámara vasca, de la propia Constitución, la Ley de Partidos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa puede deducirse que mandar disolver SA "afecta de pleno a la autonomía y la inviolabilidad" del Parlamento vasco.

El Supremo ya resolvió hace una semana, y de forma desestimatoria, el incidete de nulidad planteado por el secretario general del Parlamento vasco, Eduardo Mancisidor, contra el auto de disolución de Sozialista Abertzaleak.

En dicho auto, los magistrados señalan que "cualquier acuerdo de la Mesa de la Cámara Vasca contrario al cumplimiento de las medidas decretadas por la Sala para hacer efectivo el pronunciamiento de disolución del grupo Araba Bizkaia Eta Guipuzkoako Sozialista Abertzaleak constituiría un mandato contrario a derecho que, por ende, no podría justificar un desonocimiento de esas obligatorias medidas".

LA DISOLUCION

La disolución de Sozialista Abertzaleak se decretó el pasado 20 de mayo, en un auto en el que los magistrados argumentan que este grupo y el de la ilegalizada Batasuna "han ostentado idéntica composición personal, por lo que debe concluirse que la creación de éste último es un artificio más, encaminado a obstaculizar los efectos de la ilegalización" de la coalición "abertzale".

Además, los magistrados que componen la Sala Especial del Triunal Supremo recuerdan que, según el artículo 118 de la Constitución, "es obligado" el cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales.

Posteriormente, el 18 de junio y ante la negativa del Parlamento Vasco, el Supremo dictó otro auto en el que decretaba una serie de medidas encaminadas a la aplicación de dicha resolución, como el embargo de las subvenciones que pertenezcan a dicho grupo parlamentario, así como de los saldos de las cuentas corrientes que pudiera tner en cualquier entidad de crédito.

La disolución de Sozialista Abertzaleak forma parte de la ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna solicitada por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado.

Las tres formaciones ilegalizadas por el Supremo (Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna) han ido cambiando de nombre en los últimos meses en las instituciones, de manera que en todas ellas los grupos han pasado a denominarse Socialistas Abertzales.

Fue el pasado 17 e marzo cuando la Sala Especial del Tribunal Supremo acordó por unanimidad ilegalizar a la formación política Batasuna, tal y como habían solicitado en sendas demandas el Ministerio de Justicia y la Fiscalía.