Fuentes municipales de Llodio informaron a Servimedia de que la representación de Batasuna en la localidad colocó este sábado carteles con su firma en los que arremetía contra el edil popular Mikel Urretxu, al que acusaba de "fascista", "peligroso", así como de ir armado y de haber provocado un incendio.

Las fuentes consultadas aseguraron que estos carteles, de los que existe testimonio fotográfico, fueron colocados en la zona de las "txoznas" o casetas feriales, que se instalan con motivo de las fiestas locales.

En concreto, en el cartel, bajo el nombre del edil y las palabras "faxista peligroso", figura una fotografía del aludido y un texto, en el que se asegura, entre otras cosas, que el representante del PP "va armado con una pistola y navaja" y "su última hazaña ha sido la de darle fuego a las txoznas del pueblo".

"POSIBLES OBJETIVOS"

Esta última parte del mensaje alude a una reciente denuncia que el entorno de Batasuna presentó contra Urretxu, en la que le acusaba de haber provovocado un incendio en varias casetas de feria ligadas al entorno "abertzale". Este asunto fue visto la pasada semana en un juicio de faltas, en la que el fiscal solicitó la absolución del edil del PP.

Los carteles contra Urretxu, todos ellos con la firma "Lauioko Batasuna" y el lema "Deja en paz a Llodio y a Euskal Herria", fueron colocados la noche de este sábado en esta localidad alavesa, coincidiendo con una manifestación de los sectores "abertzales" del municipio.

Se da la circunstancia de que ataques de este tipo contra ediles fueron considerados delictivos en 2001 por Garzón, que procesó por esta conducta y otros delitos al colectivo Gestoras pro Amnistía.

En un auto dictado en octubre de ese año, este juez afirmaba que Gestoras se encargaba desde 1994 de "señalar" a los que consideran responsables de la situación de los presos de ETA "convirtiéndolos en posibles objetivos de esta organización".

Entre los objetivos de este señalamiento figuraban concejales del PP, Unidad Alavesa, UPN y PSE-PSOE. En este sentido, Garzón destacó especialmente el caso del concejal del PP en Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa, que asesinado por ETA en abril de 2000 "tras ser reiteradamente señalado por un miembro y responsable de Gestoras", así como otro del colectivo Senideak.